El PP presiona para que el Parlamento no debata la exclusión de los alcaldes

El PP presionó ayer sin éxito para que el Parlamento no debata la próxima semana la reforma de la ley electoral, una propuesta del PSOE para hacer incompatible los cargos de alcalde con el de diputado. La portavoz del PP y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, hizo llegar a la Mesa del Parlamento el escrito de sus compañeros alcaldes y diputados (el PP tiene 17 en la Cámara), en el que instaba a reconsiderar la tramitación de la proposición de ley socialista por considerar que puede ser incostitucional. La Mesa de la Cámara, en la que el PSOE tiene mayoría, no atendió sus sugerencias y en el pleno de la próxima semana se votará la admisión a trámite de la propuesta, entre otras de transparencia democrática.

Para el PP, la incompatibilidad planteada por el PSOE andaluz es un «ataque» al principio de igualdad que, según recoge el artículo 23,2 de la Constitución, debe regir el acceso a las funciones y cargos públicos. Por ello, entiende que la propuesta socialista «es claramente inconstitucional». Según Oña, los socialistas no pretenden reformar la ley electoral, sino la misma Constitución.

La misiva del PP apelaba a la buena fe de los socialistas y advertía que una iniciativa así puede entenderse como una «herramienta de venganza» de los socialistas tras el 22-M. Para el PP, está claro que el PSOE plantea la incompatibilidad de alcaldes, presidentes de diputaciones con el cargo de parlamentario como una rabieta por la pérdida de las municipales en Andalucía. Oña recordó que desde los inicios de la autonomía han sido perfectamente compatibles ambos cargos y que no hay razón para que no siga siendo así. La alcaldesa de Fuengirola cree que el caso de Galicia, donde existe esa incompatibilidad, es diferente porque allí se aprobó con el consenso de todos los partidos.

Esta propuesta del PSOE ha atirantado aún más si cabe las relaciones entre socialistas y populares a las puertas de las elecciones nacionales y es motivo también de la dificultad que está encontrando el PSOE para que el PP apoye su petición sobre las competencias del Guadalquivir.

Reunión sobre el río

Fuentes del PSOE reconocieron ayer tarde que no habían podido cerrar una reunión con el PP, IU y el PA prevista para el viernes con el fin de consensuar la proposición de ley del Guadalquivir, una propuesta también socialista para que el Gobierno ceda a Andalucía las competencias del río respetando la sentencia del Constitucional y para cuyo debate se celebra el martes un pleno extraordinario. El PP considera que la iniciativa no tiene garantías de que sea constitucional, ya que no lleva el visto bueno del Consejo Consultivo.

Pero hay más. Dado que se trata de una propuesta que debe refrendar luego el Congreso, este solo lo podrá hacer tras las elecciones, lo que deja en manos de la futura mayoría el cumplimiento de la petición andaluza. Dadas las expectativas electorales del PP, Arenas no quiere atar compromisos para un previsible gobierno de Rajoy.

El portavoz socialista, Mario Jiménez, pidió ayer a Arenas que garantice el respaldo del PP a la cesión de competencias «pase lo que pase el 20-N».