ARMAS BAJO SOSPECHA

El 9 de marzo, tres semanas después de desatarse las primeras protestas contra el régimen de Muamar el Gadafi, el Gobierno canceló las dos únicas licencias de exportación de material de defensa a Libia que estaban en vigor. Se trataba de mil gafas de visión nocturna y 301 accesorios para las Fuerzas Armadas libias «por valor de 7.875.975 euros», según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La decisión cumplió con el embargo internacional decretado en febrero por la ONU y la UE ante la violencia ejercida por el régimen de Gadafi contra su población. Sin embargo, la cancelación apenas tuvo efectos prácticos.

El informe sobre exportaciones de material de defensa y doble uso remitido por el Gobierno al Parlamento, referido a 2010, especificaba que se vendieron a Libia gafas de visión nocturna y otros complementos por valor de 7.847.598 euros. Es decir, que a 31 de diciembre pasado solo faltaba por ejecutar 28.377 euros, el 0,36% del contrato, que fue precisamente lo que se canceló el 9 de marzo.

El embargo tampoco afectó a otra partida de 3,4 millones destinada a la actualización de motores de aeronaves que se realizó en 2010. Iba dirigida a la reparación de aviones de transporte Hércules de las Fuerzas Armadas del país norteafricano. El contrato fue autorizado por el Gobierno en 2009, después de que la Junta Interministerial encargada de revisar las licencias de armas, conformada por los Ministerios de Industria, Defensa, Economía y Asuntos Exteriores, diera su visto bueno.

En total, España exportó a Libia antes de las protestas 11,2 millones en material de defensa, una cifra que apenas supuso el 1% del total de las ventas del pasado año, que ascendieron a 1.128 millones, pero que representa el volumen más alto de todos los países del norte de África, en pleno proceso de transformaciones políticas fruto de las revueltas populares.

Legalidad

Fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio señalaron que en marzo se canceló todo el material que estaba pendiente de enviar a Libia y recordaron que no fue hasta mediados de febrero cuando la ONU y la UE decretaron el embargo internacional de armas al régimen de Gadafi. Por este motivo, aseguran, todas las ventas anteriores «fueron legales» porque no había ninguna sanción en vigor; y a partir del embargo las empresas fabricantes conocedoras de la situación «no están solicitando licencias de exportación a este destino».

El investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, asegura que España ha cumplido la legalidad en el caso de Libia y que el material de defensa exportado «no tiene una fiabilidad militar» como para estar preocupados. «La venta de armamento a Libia no ha sido negocio, porque contratos por 11,2 millones es el chocolate del loro comparado con otros acuerdos más lucrativos en el sector petrolífero», afirma.

Buena parte del stock de armamento libio procede de Rusia y del mercado de segunda mano, y está anquilosado. «Si Gadafi hubiera querido las empresas españolas hubieran vendido mucho más material de defensa en los últimos años», señala el investigador de Instituto Elcano.

Las ONG que forman parte de la 'coalición armas bajo control' -Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundación por la Paz- consideran una buena noticia que se hayan revocado las licencias de exportación a Libia. Sin embargo, denuncian que antes de las protestas se tenía conocimiento de la «fuerte» restricción de derechos civiles en el país y la «dura» represión contra cualquier disidencia.

«Centenares de personas estaban recluidas de forma arbitraria por motivos de seguridad y las personas sospechosas de haber entrado en el país de forma irregular eran objeto de detención indefinida y malos tratos», explica la coalición en un informe de agosto.

Pese a ello, tanto para la Unión Europea como para España el régimen de Gadafi no violaba los derechos humanos ni incumplía ninguna de las otras cláusulas obligatorias para el cumplimiento de los acuerdos sobre el control del comercio de armas.

Prevención

El analista del Instituto Elcano apuesta por la importancia de la industria militar y defiende que el Gobierno no aplique restricciones «selectivas» a países que no son preocupantes. Además, «en el caso de Gadafi su régimen tenía levantada las sanciones de la ONU y el comercio con Europa era regular. Se actúo bien», asegura Félix Arteaga.

La responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional, María del Pozo, señala, en cambio, que pese a revocarse las licencias «se debe acentuar el enfoque preventivo para evitar consecuencias indeseables». Por ello recomienda a la Junta Interministerial -órgano dependiente de la secretaría de Estado de Comercio Exterior- que revise «urgentemente» caso por caso todas las transferencias y exportaciones a todos los países del Magreb y de Oriente Próximo.

En 2010, por ejemplo, se denegó una única licencia de exportación de material de defensa a la República de Guinea para la venta de vehículos todo terreno. La justificación es que existía el riesgo de que se desviase ese material a un uso no autorizado o se reexportase en condiciones no deseables a un tercer país.

La Secretaría de Estado de Comercio informó en junio pasado al Parlamento que se había levantado la suspensión temporal que pesaba sobre las nuevas solicitudes de exportación a Túnez y Egipto, una vez concluidas las revoluciones populares, y el «escrutinio especial» sobre las exportaciones al resto de países del Magreb y de Oriente Próximo.

La decisión fue criticada por las ONG en tanto en cuanto «no se conoce el criterio último de la Junta Interministerial para decidir si un país es preocupante o no o si tiene un conflicto latente en ciernes», afirma Del Pozo, responsable de Amnistía Internacional.

No obstante, para el analista Félix Arteaga, «la industria militar española es un sector fuerte y el Gobierno tiene que ser flexible y transparente para defenderla». Y es que el negocio es voluminoso. El pasado año España exportó material de defensa a 18 países denominados «sensibles» por valor de 287 millones de euros, el 25% de la venta total de armas. Una cifra que contrasta con los datos de 2009, cuando las exportaciones a estos destinos apenas alcanzaron los 53 millones, un 4% del total.

El pasado año Venezuela acaparó la mayoría de las compras con un gasto de 212 millones destinados a las adquisición de buques de guerra, aunque el régimen bolivariano y la empresa vendedora, Navantia, los denominaron «patrulleros de vigilancia costera».

En segundo lugar se situó Colombia, uno de los principales compradores de armamento español año tras año. Bogotá se gastó en 2010 29,1 millones en un avión de transporte y apoyo logístico y bombas de aviación.

Según Amnistía Internacional, todos los actores de este conflicto armado (grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad) «siguen cometiendo abusos graves y generalizados contra los derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra».

Tras Colombia está India (13,7 millones), un país emergente en plena carrera nuclear en una de las regiones más convulsas del mundo, Libia (11,2), Arabia Saudí (5,8) y Argelia (3,1).

Tanques Leopard

Para las organizaciones no gubernamentales, la venta de material de defensa a Arabia Saudí es el «ejemplo de la incoherencia». En noviembre pasado las organización se dirigieron por escrito al Parlamento para mostrar su preocupación y demandando información sobre el proceso en marcha para la venta a Riad de unos 250 carros de combate Leopard 2E, fabricados por Santa Bárbara Sistemas.

Insistieron entonces en el carácter preventivo de la Ley 53/2007 sobre el comercio de armas, por considerar que el negativo balance del régimen saudí en el campo de los derechos humanos «hacía totalmente desaconsejable» esta jugosa operación, valorada en unos 3.000 milllones.

Las ONG entendían que no podía prevalecer el interés comercial sobre la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional y reclamaron las «máximas garantías» sobre el uso final de un material «con alto poder destructivo y disuasorio» y que iba destinado a las Fuerzas Armadas saudíes. «En este contexto, es preocupante que en ningún momento el Gobierno haya tomado partido por frenarla ni haya mostrado preocupación por el tema», asegura María del Pozo.

Mientras tranto, añade, el desarrollo de los acontecimientos durante estos meses, sobre todo en la frontera con Yemen, refuerza aún más la inquietud sobre el respeto a los derechos humanos del régimen saudí.