La reforma de la Constitución desata la rebelión de los grupos nacionalistas

El Congreso aprobó ayer la reforma de la Constitución que fija el principio de la estabilidad presupuestaria en medio de la rebelión de las fuerzas nacionalistas. La modificación fue respaldada por 316 votos de PSOE, PP y los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, pero los partidos mayoritarios no lograron ni un respaldo adicional. CiU, PNV e IU se negaron a votar; Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai abandonaron el pleno en señal de protesta; Coalición Canaria, Unión, Progreso y Democracia y dos diputados socialistas apretaron el botón del no.

Fue un pleno surrealista. Comenzó tedioso y acabó como el rosario de la aurora. Las frenéticas negociaciones de socialistas y populares con CiU para que, al menos, se abstuviese en la votación parecían haber dado fruto en forma de dos enmiendas transaccionales a las propuestas de los nacionalistas catalanes. Pero ahí llegó el diputado de IU, Gaspar Llamazares, para vetar los textos acordados y echar el pacto por la borda. Los cambios pactados no pudieron votarse, y CiU tuvo que someter al escrutinio de la cámara sus ocho enmiendas originales que pedían dejar a los parlamentos autonómicos fijar los límites al déficit y el endeudamiento. Como era de esperar fueron derrotadas, al igual que todas las que presentaron los demás grupos. PSOE y PP no aceptaron ni una.

La actitud de IU destrozó el pírrico triunfo de los dos grandes partidos, que habían arrancado a CiU del bloque del no para pasar a la abstención. Así lo reconoció el presidente del Gobierno, que achacó el revés al «problema» de Llamazares. Duran Lleida, sin embargo, aseguró que en ningún caso, ni siquiera si se hubieran aprobado las transaccionales, habrían participado en la votación. Fuentes de CiU, en cambio, reconocieron que la idea era abstenerse si salían adelante las enmiendas pactadas con PSOE y PP.

No fue el único sainete de la mañana. BNG y NaBai retiraron sus enmiendas para que no fueran votadas y sus tres diputados abandonaron el salón de plenos. Lo mismo hicieron los tres de Esquerra Republicana y la representante de Iniciativa per Catalunya. En total, siete parlamentarios dejaron el salón de plenos en señal de protesta por el fondo de la propuesta y por la forma en que se ha tramitado. Los de CiU y PNV no salieron del hemiciclo, pero no votaron, mientras que el representante de IU no salió, aunque no ocupó su escaño, y tampoco votó. «Me he ido en espíritu con mis compañeros, y he dejado mi cuerpo para vetar las transacciones de PPSOE y CiU en justa correspondencia», escribió Llamazares en Twitter.

Izquierda Socialista

En el grupo del PSOE también hubo incidencias. Los tres diputados de Izquierda Socialista no acudieron al pleno para no tener que votar a favor por disciplina, pero otros dos votaron en contra, uno en conciencia, el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez, y otro por error.

El debate, por lo demás, no pasará a los anales del parlamentarismo. Los grupos nacionalistas y los minoritarios de izquierda optaron por la repetición casi mimética de los argumentos empleados el martes durante la toma en consideración de la proposición de ley con el añadido de las protestas por el veto de la Mesa del Congreso a las enmiendas. El único cambio fue que sus quejas fueron más amargas.

El portavoz de CiU, que en esta ocasión fue Josep Sánchez Llibre y no Duran Lleida para dejar constancia de que consideraba que el debate era 'de segunda', reconoció que hubo «diálogo, pero no una negociación» sobre la reforma. Denunció que socialistas y populares «han dinamitado» el consenso constitucional de 1978 con el único fin de convertir la ley fundamental en «su finca particular». El nacionalismo catalán, resumió, «se siente agredido».

El líder del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, defendió que el derecho de autodeterminación fuera un principio constitucional porque ha quedado demostrado que no solo se aplica en los procesos de descolonización sino que es un elemento fundamental para entender el mapa político de Europa. Y recordó que Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Malta, Chequia, Eslovaquia y Eslovenia lo han ejercido en los últimos años, y Escocia y Groenlandia lo van a hacer. Erkoreka, sobre la reforma en sí, consideró que se trata de «un abuso y un atropello».

Los demás portavoces no se quedaron atrás. El del BNG, Francisco Jorquera, habló de «contrarreforma»; la de Iniciativa, Nuria Buenaventura, denunció que se ha cambiado «la soberanía del pueblo por la soberanía de los mercados»; el de Esquerra, Joan Ridao, afirmó que es un cambio «antisocial, conservador y 'neocon'» con el que PSOE y PP enarbolan «el mismo estandarte neoliberal»; la de UPyD, Rosa Díez, sostuvo que los partidos mayoritarios «han expropiado» la Constitución.

17 déficit

En los escaños socialistas y populares aguantaron impertérritos el chaparrón aunque alguna protesta se escapó. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó a los nacionalistas que dejar «al arbitrio» de las comunidades los límites de déficit es «tener 17 déficit que difícilmente cuadran y el objetivo es que cuadren».

Su homólogo socialista, José Antonio Alonso, abundó en la misma línea y señaló que si cada comunidad fija el tope de números rojos en sus finanzas la reforma constitucional «perdería toda su fuerza» y sería «imposible» la consecución de la estabilidad presupuestaria.

Pero más allá del debate, el pleno dejó la sensación de que se ha abierto una brecha entre los dos grandes partidos y los nacionalistas que no será fácil de suturar, y que la fuerza política que gobierne en la próxima legislatura no va a tener fácil la complicidad de CiU o PNV, los dos grupos más determinantes.