PSOE y PP presionan a CiU para que apoye la reforma

PSOE y PP presionaron hasta el final a CiU para que respalde la reforma constitucional que limita el déficit público. Sus esfuerzos, protagonizados por Alfredo Pérez Rubalcaba y Soraya Sáenz de Santamaría, parecen lejos de lograr resultados porque la federación nacionalista, a lo sumo, se decantará por la abstención, y si lo hacen no será hasta minutos antes de la votación de este viernes en el Congreso. Los dos partidos mayoritarios han puesto toda la carne en el asador de CiU porque es el único grupo que puede sumarse a la reforma ya que el resto, sin excepción, votará en contra.

La modificación constitucional pactada por PSOE y PP lleva camino de no tener más patrocinio que el de sus promotores y el de los dos diputados foralistas navarros. Nadie más en el arco parlamentario está dispuesto a apoyar que la ley fundamental establezca un límite al déficit público de las administraciones si no es a cambio de costosas contrapartidas políticas que ninguno de los dos partidos mayoritarios aceptó conceder. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, recibió ayer numerosas llamadas de Rubalcaba y Sáenz de Santamaría en busca de un cambio de postura.

Socialistas y populares, en vista de que no es posible reeditar el consenso constitucional de 1978 por la negativa de IU, heredera del PCE, a apoyar el cambio, intentan que CiU no se descuelgue del todo para incorporar un plus de legitimidad a la reforma. Fuentes nacionalistas señalaron que PSOE y PP tienen que aceptar algunas de sus ocho enmiendas para modificar su opinión porque no pueden pasar de un gesto extremo de rechazo, como fue que ni siquiera votaron la toma en consideración de la reforma, a una abstención que implica un cierto grado de conformidad. En todo caso, está descartado el voto a favor, aseguraron las fuentes de CiU.

El Gobierno, como dejó claro José Luis Rodríguez Zapatero, no espera nada de la federación porque sus planteamientos son imposibles de asumir. El PSOE, sin embargo, no compartió ese pesimismo e intentó el acuerdo. Lo mismo que el PP, cuyo líder, Mariano Rajoy, consideró que sería "importante" que CiU respaldase la modificación.

Los nacionalistas catalanes pretenden con sus ocho enmiendas que los parlamentos de las comunidades sean las últimas instancias que determinen el nivel de déficit y endeudamiento de cada autonomía, facultad que la reforma constitucional niega. Esa es "nuestra línea roja" porque no se puede "limitar la capacidad financiera de Cataluña", afirmó ayer Duran Lleida. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, señaló, a su vez, que PSOE y PP han demostrado que "pasan de Cataluña" con su negativa a dejar la competencia del déficit en manos del 'Parlament'.

Rechazos

Ajenos a la negociación, el resto de los grupos minoritarios anunciaron un sonoro portazo y algo más a la reforma. El PNV, que presentó dos enmiendas en las que planteaban el reconocimiento del derecho de autodeterminación, puso el grito en el cielo tras conocer la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la tramitación de ambas porque exceden el ámbito del cambio constitucional propuesto. El órgano de gobierno de la cámara consideró que afectan al artículo 2 de la ley fundamental dentro del título preliminar, cuya alteración requiere la convocatoria de un referéndum y la disolución de las Cortes. El portavoz adjunto de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, calificó de "atropello" la resolución y una aplicación de la "ley del embudo" para rechazar las demandas de su grupo y aceptar las iniciativas de PSOE y PP.

Esquerra Republicana, que también presentó una enmienda en el mismo sentido, también vio rechazado su texto por la Mesa y su portavoz, Joan Ridao, tildó la decisión de "cacicada y escándalo".

Pero el PNV y ERC no fueron los únicos desairados, el órgano que preside José Bono no admitió seis de las 24 enmiendas presentadas, además de las de los nacionalistas vascos y los republicanos, no dejó pasar la de IU-Iniciativa per Catalunya que incluía menciones a la república en un texto alternativo al pactado por PSOE y PP, y las de UPyD, que abogaba por incorporar un reparto de competencias y una reforma del sistema electoral.

Coalición Canaria, BNG y Nafarroa Bai no sufrieron el rechazo de sus enmiendas, pero votarán contra la reforma porque no recoge ninguna de sus demandas.