Cauce constitucional

La toma en consideración de la reforma del artículo 135 de la Constitución, desarrollando el principio de estabilidad presupuestaria, contó ayer en el Congreso con el voto favorable de los proponentes -PSOE y PP-, a los se que sumó UPN, y con la abstención de CC, pero cosechó el rechazo de todos los demás grupos de la Cámara debido en especial al procedimiento seguido. La tardía iniciativa de Zapatero no hubiese podido tramitarse dentro de esta legislatura sometiéndola a una negociación pausada con todas las fuerzas parlamentarias. Pero tanto los votos en contra, como la negativa de CiU a participar en la votación o el plante que promueve ERC para el próximo viernes restan crédito al cambio constitucional. De manera que socialistas y populares están obligados a tratar de atemperar los reproches que recibieron ayer, si no en la transacción de las enmiendas al proyecto de reforma, cuando menos en la redacción de la ley orgánica posterior. Pero también las formaciones con responsabilidad institucional como CiU y PNV deberían matizar sus críticas renunciando al tremendismo del que hicieron gala dentro y fuera del Congreso. A tenor de la literalidad del proyecto de reforma del artículo 135 y de las disposiciones que le acompañan resulta exagerado deducir que su contenido vulnera el pacto constituyente -como llegó a declarar Duran i Lleida- o que supone un intento más por «recentralizar» el Estado -como señaló Erkoreka en su intervención-. Aunque tras los argumentos en defensa del autogobierno por un lado y del Estado del bienestar por el otro se ocultan visiones coyunturales y concepciones transitorias de lo que debe ser la disciplina presupuestaria, reacias a establecer principios duraderos de rigor en cuanto a la contención del déficit estructural y de la deuda según parámetros comunes a la Unión. Se trata de una cuestión que no acaba de dilucidarse con claridad, pero que hasta ahora venía reflejándose más en las renuentes medidas de austeridad de las distintas administraciones que en el discurso de sus responsables políticos. Sería penoso que la proximidad de las elecciones generales sirviera para alentar el supuesto de que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en España pueden realmente actuar de forma distinta a lo establecido por la reforma del artículo 135 de la Constitución sin poner en peligro su propia viabilidad como instituciones públicas.