Rubalcaba cierra con el apoyo de los barones las discrepancias en el PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba intentó ayer sellar con un éxito generalizado las diferencias y apartar reticencias internas sobre la modificación del artículo 135 de la Carta Magna. Eso sí, los problemas que acarrea la bicefalia que viven los socialistas se dejaron ver con toda su crudeza. El candidato reprochó al presidente del Gobierno y todavía secretario general de la formación, José Luis Rodríguez Zapatero, ante toda la cúpula del partido, lo mal que ha gestionado la propuesta de reforma constitucional y la convulsión y el daño interno que causó con su actuación por sorpresa y sin debate previo.

El profundo malestar que ha desatado entre los socialistas la reforma impulsada por Zapatero para constitucionalizar la limitación del déficit público obligó hoy, víspera de que el Congreso inicie el debate de la medida, a organizar un gran cónclave en el PSOE para solventar las dudas, calmar los ánimos y cerrar filas. En una sola jornada, Zapatero compareció ante la ejecutiva federal para dar explicaciones, Rubalcaba debatió el asunto con los 'barones' autonómicos y se reunió con los grupos parlamentarios de ambas cámaras para acabar con las suspicacias y asegurarse que actuarán como una piña y sin fugas en las votaciones con las que se aprobará la reforma entre esta semana y la próxima.

Pese a las críticas al contenido y al planteamiento de la reforma y a una demanda general para que se explique mejor, el candidato logró el apoyo al acuerdo final y que el partido se comprometiese a cerrar filas.

Rubalcaba, en su intervención a puerta cerrada ante la ejecutiva, le dijo a Zapatero que antes de anunciar la iniciativa ante el pleno del Congreso, el martes de la semana pasada, y coger por sorpresa a sus propios ministros y grupo parlamentario, debió de haber debatido el asunto con más calma y en los órganos de dirección del PSOE. "Yo no lo hubiera hecho así", dijo al plenario, para añadir "así se lo dije el lunes (de la semana pasada) al presidente".

El candidato socialista no ocultó que planteó a Zapatero desde un principio sus "reticencias" a introducir en la Constitución una limitación al déficit público y que solo aceptó negociarlo tras conocer los serios riesgos a los que se enfrenta la estabilidad de las finanzas públicas españolas y una vez que supo que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, estaba dispuesto a pactar la reforma. "El lunes por la noche, por responsabilidad, y por el estrecho margen que teníamos, le dije al presidente: adelante".

Sabedor de las heridas que iba a provocar este asunto en las filas socialistas y en su electorado, añadió que desde ese momento asumió "una responsabilidad enorme, siendo el candidato del partido, y por eso me empeñe en mejorar la propuesta para lograr el mejor acuerdo posible". De hecho, el líder de 'facto' de los socialistas dijo estar satisfecho de que "mis tesis" se impusiesen en la fórmula final que va a aprobar el Parlamento, que no incluye tope de déficit en la Carta Magna, algo que sí aceptaba Zapatero, sino en la ley de desarrollo, y que garantiza "flexibilidad" para que los gobiernos recurran al endeudamiento si la situación económica o una emergencia lo requiere.

Ya por la tarde, en la reunión con los 'barones' territoriales, y quizás para rebajar el tono de sus palabras en la comisión ejecutiva, Rubalcaba matizó: "Entiendo al presidente, su situación y su responsabilidad".

España antes que el partido

Zapatero centró su intervención ante la dirección del partido en explicar por qué la reforma y por qué ahora. En resumen, señaló que, después de los fuertes ataques vividos por la deuda española en agosto, que colocaron al país al borde la intervención de la UE, era indispensable ofrecer un seguro a los mercados y a los inversores; convencerles de que España va a tener en el largo plazo unos presupuestos sostenibles que garanticen que recuperarán sin problema el dinero que ahora se les pide prestado. Este seguro no podía demorarse más porque se espera que en octubre vuelve a haber fuertes convulsiones en los mercados, porque Italia, España y Francia, entre otros países europeos, subastarán decenas de miles de millones en deuda, y busca "vacunar" a los bonos españoles para que no vuelvan a ser castigados. Por esa misma razón, la reforma se aprobará en las Cortes sin convocar referéndum que la ratifique, pese a las peticiones del ala izquierda del PSOE. El plebiscito no podría realizarse hasta el 20 de noviembre, con las generales, por lo que la inseguridad sobre el futuro de las finanzas españolas se mantendría en octubre y la modificación constitucional no serviría de nada.

El presidente del Gobierno no puso excusas y confesó a su partido que sabía que con su propuesta urgente y sin debate ponía los intereses de España por encima de las expectativas electorales del PSOE, pero que lo hizo porque creyó que no tenía otro remedio si quería tener la reforma aprobada para octubre y antes de que el Parlamento se disuelva el 27 de septiembre próximo. Zapatero reconoció que siguió adelante con su decisión pese a que Rubalcaba le manifestó hace una semana, horas antes de abrir las negociaciones con Rajoy, "las muchas reticencias que tenía sobre el proyecto", por lo que, según confesó a la ejecutiva federal, "sé lo difícil que ha sido esto para Alfredo".