LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN UN PRECIO

Siempre nos quedará Barbate, como diría Wyoming de la mano de Miguel Sánchez Romero. La localidad lleva capeando todas las crisis desde que llevaba el apellido de Franco. Ahora, acaba de archivar su contundente huelga de la limpieza tras levantar el encierro sus trabajadores, hartos de que las deudas municipales les limpien el bolsillo. Las toneladas de basura dispersas por las calles en plena temporada veraniega han constituido el rostro visible del conflicto. Pero lo que no suele verse son los apuros de las 325 familias de los funcionarios y empleados municipales para llegar a fin de mes. Algo corriente en muchos otros sectores locales que no tienen ni siquiera supuesto sueldo fijo. Hasta su joven y valeroso alcalde, Rafael Quirós, se ha rebelado contra su propio partido y los sindicatos han derivado las protestas a Sevilla y la Junta.

«El último en salir que apague la luz», escribió un cachondo sobre el rótulo de Barbate en los años 90, cuando la población emigraba en masa ante la caída del sector pesquero y el estrangulamiento de la economía sumergida, léase contrabando, que aliviaba a numerosos hogares del lugar a los que su paisano Nono García puso letra y música con su samba 'Atún y chocolate'. La situación barbateña es tan chunga que, en su día, le costó engancharse al Plan E por las abultadas deudas con los propios servicios del Estado.

En La Línea, los trabajadores ya se pusieron en pie de huelga contra el PP del exgilista Juan Carlos Júarez y de Alejandro Valle. Ahora, la alcaldesa Gemma Araujo, del PSOE, acaba de destituir al jefe de la Policía Local por permitir que numerosos agentes se la liaran parda en plena calle y durante la inauguración de una exposición de pinturas, antes de entregarle un escrito con 85 firmas que exigían soluciones para sus retrasos salariales.

Probablemente Barbate y La Línea sean los municipios con menos recursos propios de toda la provincia pero no son los únicos en sufrir las consecuencias de una larga crisis cuyos orígenes probablemente arranquen en 1979 cuando tienen lugar las primeras elecciones municipales. Con dicho proceso, los ayuntamientos se convierten en la primera ventanilla del Estado, asumen cada vez más competencias pero, a su vez, incrementan la plantilla hasta extremos a veces insostenibles. Quizá hubiera hecho falta aquella segunda descentralización que consistiría en el traspaso de competencias, y de presupuestos, desde los diferentes gobiernos autonómicos a las Corporaciones locales. No fue así y se nos pasó el arroz. La explosión de la burbuja inmobiliaria no hizo más que agravarlo y anticipar la quiebra técnica.

Tras las elecciones municipales, cuando se ha producido alternancia, los nuevos alcaldes han ido dando a conocer los supuestos desmanes de sus predecesores, como notable resulta el caso anecdótico del Ayuntamiento de Los Barrios que debe 700.000 euros a una gasolinera. Naturalmente, no se trataba de llenar el tanque personal del alcalde y los ediles sino el del parque móvil de una corporación también estrangulada por la caída de ingresos y que ha conocido a cuatro alcaldes en los dos últimos años. Hacienda ya bloquea los ingresos de Jimena por la deuda de más de dos millones de euros contraída con la Seguridad Social.

Pero no es el único que figura en la relación de morosos. A finales del pasado año, el de Los Barrios, acumula una deuda contra ese mismo organismo público de 27,5 millones de euros; el de Barbate, 26,1; el de Tarifa, 17,3; el de Jerez, 7,8; el de Villamartín, 3,8 y el de Espera, 2,9. Pero casi todos los ayuntamientos se encuentran en el mismo caso. Hasta los más pequeños. Incluso el de Algar presenta un saldo negativo de 350.000 euros en ese epígrafe. Se sabe por otra parte, que los 44 ayuntamientos de la provincia de Cádiz acumularon una deuda viva de 671.641 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2009, según datos que el Ministerio de Economía y Hacienda dio a conocer en la primavera de 2010. La deuda viva se calcula con las operaciones de riesgo en créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros. Se trata de la deuda que mantienen con la banca y no con los proveedores.

El Ayuntamiento de Cádiz mantiene la paz social a la chita callando pero por entonces figuraba en el puesto 29 de entre los cien municipios españoles que contaban con mayor deuda viva en 2010, hasta situarse en 108,5 millones de euros, aunque logró reducir dicha cifra en 11,8 millones. En el caso de Jerez, a finales de ese mismo año, la deuda se situaba en 99,38 millones de euros. Sin embargo, ¿por qué tuvo más repercusión su crisis que en el caso de la capital?

Al margen de cuestiones políticas internas o externas de los partidos, tal vez tenga que ver con la insurgencia de su abultada plantilla, cansada de estar a la cuarta pregunta y cobrando su sueldo a plazos. También hay que tener en cuenta que su deuda global, según trascendió en febrero de este año se situaba en 386 millones de euros cuando se sabe ahora que la de Chiclana roza 156 millones. Claro que habría que hablar de porcentajes, entre la deuda y la población. En ese caso, la primacía corre a cargo del ayuntamiento de San Fernando, con una deuda viva superior al 110 por cien, según datos de la Cámara de Cuentas con relación al presupuesto de 2008.

Sería un error considerar que la única solución estribe en expedientes de regulación de empleo o en la supresión de algunos ayuntamientos, como ha llegado a sugerirse. Los ayuntamientos tienen un precio y el mismo estriba en incrementar sus ingresos con arreglo a sus competencias y funciones. Es posible que la gallina de los huevos de oro de los antiguos y suculentos convenios urbanísticos haya muerto para siempre.