Las reformas constitucionales vienen de Europa

Así como se dice que los niños vienen de París se puede decir que las reformas constitucionales vienen de Europa. La que se hizo y la que se va a hacer tienen el mismo origen; la primera vino obligada por el tratado de Maastricht en 1992 para introducir el derecho de los residentes en España de países de la UE a ser candidatos en las elecciones municipales; y la de ahora, sugerida, mientras no haya otras pruebas, desde el Banco Central Europeo, Alemania y Francia para incorporar un techo al déficit público. Los intentos nacionales que ha habido para retocar la Carta Magna han fracasado.

El consenso alumbró la primera reforma y se limitó a dos palabras, «y pasivo»(para que pudieran elegidos candidatos), para detallar que los naturales de países de la UE podían ejercer el derecho a ser elegidos en comicios municipales en España. Fue sancionada por el rey el 28 de agosto de 1992 en una solemne ceremonia en el Congreso. No parece que vaya a ocurrir lo mismo en esta ocasión porque si bien PSOE y PP están de acuerdo no parece fácil que el resto de fuerzas se incorporen al mismo pese a los deseos expresados por Zapatero para que se reedite el mismo consenso alcanzado para elaborar la Constitución en 1978. Con todo, la reforma saldrá adelante con el respaldo de los dos grandes partidos porque controlan el 90% de las cortes.

El jefe del Ejecutivo intentó en su primera legislatura una reforma de la Constitución acotada a cuatro apartados: la sucesión a la corona para que el varón no tuviera primacía sobre la mujer; la reforma del Senado; la denominación de las comunidades autónomas; y un reconocimiento a la constitución europea. El intentó contó con el aval de un informe del Consejo de Estado, pero las circunstancias y el desacuerdo entre socialistas y populares frustró el cambio.

El rechazo de varios países de la UE al texto constitucional dejó sin sentido incluir su reconocimiento en la Carta Magna. Pero la circunstancia que más pesó en que el proyecto no llegara a buen puerto fue el temor que se instaló entre las fuerzas políticas a que el obligado referéndum sobre la reforma al tocar el capítulo de la sucesión a la Jefatura del Estado, un ajuste «simple y técnico», según el Consejo de Estado, se convirtiera en un plebiscito sobre la monarquía no deseado por la Casa del Rey ni por el Gobierno ni por el PP.

No más intentos

El enfrentamiento además entre los dos grandes partidos sobre la reforma de la Cámara Alta, uno de cuyos aspectos era que los senadores se eligieran en las elecciones autonómicas, acabó por hacer encallar la propuesta de Zapatero. El presidente del Gobierno desistió de volver a plantear la modificación en esta legislatura con el argumento de que no había el clima de consenso que se requería.

Un acuerdo que en la reforma para incorporar el techo de déficit sería en teoría insuficiente porque se limita, por ahora, a socialistas y populares. Un hecho que contradice numerosas reflexiones de dirigentes de todos los colores, que siempre han aconsejado efectuar los cambios en la Carta Magna con el consenso más amplio para que no sean motivo de ulteriores enfrentamientos. El compromiso del PSOE, además, es relativo y forzado por el hecho de que la propuesta haya partido de Zapatero.

Esta reforma tampoco respeta el criterio de que los cambios en la Constitución exigen «tiempo y reflexión». Va a ser una modificación exprés con plazos aún más cortos que los que tuvo la de 1992, que tardó tres semanas. Esta reforma verá la luz, si se cumple el calendario previsto, en dos semanas.

En esta oportunidad, por tanto, no habrá ni el requerido amplio consenso ni tampoco la maduración larga en el tiempo. Será porque viene de Europa.