PSOE y PP avanzan en solitario hacia la reforma constitucional

Los dos grandes partidos intentarán que alguna de las fuerzas nacionalistas del Parlamento se sume a su pacto para constitucionalizar la obligación del equilibrio presupuestario y de cumplir con el límite de déficit y deuda que marque la UE a partir de 2020. No obstante, tanto el PP como el PSOE dijeron ayer estar satisfechos con la fórmula pactada y convencidos de que su inclusión en la Carta Magna es indispensable para que España refuerce su credibilidad ante Europa y los mercados financieros, por lo que no les temblará la mano si la próxima semana tienen que aprobar la reforma en el Congreso con el único apoyo de sus 321 diputados.

Las direcciones de ambos partidos saben que las puertas a las que pueden llamar en las próximas horas son muy limitadas. Todos los grupos de la izquierda parlamentaria, IU, ERC, BNG y Nabai, ya han dejado claro a PSOE y PP que ni se molesten en contactar con ellos porque su respuesta va a ser un 'no' rotundo. De hecho, el afán de IU, además de en votar en contra, se centra en conseguir convencer a un número suficiente de diputados socialistas para que se rebelen y alcanzar el 10% de firmas que obligaría a convocar un referéndum constitucional.

El abanico de posibilidades de respaldo se reduce a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ya han anticipado que el próximo viernes dirán sí a la reforma en el pleno, y a las formaciones nacionalistas del hemiciclo, CiU, PNV y Coalición Canaria, que aún no se han atrincherado en el 'no', pero que desde que José Luis Rodríguez Zapatero realizó el sorpresivo anuncio el martes pasado cada una de sus declaraciones se han contado por críticas. CiU cerrará su posición en la reunión de su cúpula, el lunes en Barcelona. La parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, tampoco ha marcado su postura definitiva, pero no parece proclive a abordar una reforma para una cuestión tan limitada.

Los dirigentes socialistas y populares, animados por el propio Ejecutivo, van a iniciar una ronda de conversaciones, pero desde la posición de fuerza que les da contar ya con votos de sobra en ambas cámaras para completar la mayoría de tres quintos que exige el cambio constitucional. De hecho, como aviso a navegantes, los portavoces dejaron claro ayer que la negociación con terceros no podrá modificar el núcleo duro del acuerdo pactado, que es ya inamovible. Tampoco están dispuestos a ceder en lo que sin duda es la demanda mayoritaria de casi todos los grupos opositores, la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía ratifique o tumbe la propuesta de cambio constitucional.

Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de 'facto' del PSOE, se mostró dispuestos a hacer «esfuerzos» para sumar a otros grupos al consenso mayoritario y prometió «cierta flexibilidad» a la hora de aceptar enmiendas, pero explicó que los hipotéticos cambios no van a «desnaturalizar el acuerdo». Consideró que el hecho de que no se introduzca tope concreto alguno de déficit y que se haya alcanzado una formula «flexible», que deja el desarrollo de la regla a una ley y otorga margen a los gobiernos para actuar ante imprevistos, podría ayudar a atraer al PNV y a CiU, que también se oponían a «petrificar» el límite de déficit en la Carta Magna.

Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz del PP en el Congreso, está dispuesta a analizar las enmiendas que los grupos presentarán a partir del martes, pero aclaró que «el principio de acuerdo lo queremos preservar, y debe preservarse».

Respaldo del 90%

Lo que ya saben el Gobierno y los grandes partidos es que el deseo expresado el martes por Zapatero, que la reforma cuente a poder ser con más consenso incluso que el que permitió en 1978 aprobar la Constitución, es imposible. La Carta Magna tuvo el apoyo de UCD, AP, PSOE, PCE y CiU y la abstención del PNV. El viernes, cuando el Congreso apruebe el cambio, no habrá nuevos grupos que se sumen al consenso, IU -que incluye al PCE- votará en contra, y no es descartable que catalanes y vascos se aparten. Sáenz de Santamaría aseguró ayer no estar preocupada ante esa eventualidad porque dijo que, en el peor de los casos, la reforma constitucional estará respaldada por más del 90% de los escaños de ambas cámaras.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, negó la acusación, lanzada por el PP, sobre que las prisas de Zapatero se deben a que el BCE le reclamó la reforma en una carta a cambio de seguir con la compra de deuda española. «Lo quiero negar tajantemente; nunca el BCE ha planteado una exigencia de reforma». Dijo no saber si la carta existe o no, pero sí que tiene la certeza de que no se ha planteado en «ninguna» de las muchas conversaciones de la institución con el Ejecutivo.