Pasos para la reforma de la Constitución

PP y PSOE, tras un día de reuniones maratonianas, alcanzaron un principio de acuerdo para reformar la Constitución e introducir un artículo en el título VII que establecerá el equilibrio presupuestario como la regla que deben seguir todas las administraciones públicas -Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos- a partir de 2018 ó 2020. Los últimos flecos del pacto se cerrarán este viernes. La modificación que el Congreso y el Senado aprobarán será la segunda reforma del texto constitucional en 32 años, tras el leve cambio introducido en 1992 para otorgar a los naturales de la Unión Europa el derecho a presentarse como concejales en las elecciones municipales.

El principio de acuerdo fue alcanzado pasadas las ocho y media de la noche por los equipos liderados por los portavoces parlamentarios de cada partido, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, que junto a sus expertos económicos mantuvieron reuniones e intercambiaron borradores con distintas fórmulas y redacciones a lo largo de toda la jornada en el Congreso. Los negociadores iniciaron la ronda el miércoles, después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, aceptase la propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para introducir en la Constitución la limitación del déficit público como exigían los dos principales líderes de la UE, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, el Banco Central Europeo y los mercados financieros.

La portavoz de los populares, de todos modos, se mostró muy cautelosa y se limitó a decir que "la negociación está muy avanzada" y "el acuerdo definitivo está muy cerca". La prudencia también se instaló entre los socialistas y, fuentes cercanas a las conversaciones, utilizaron casi las mismas palabras que Sáenz de Santamaría pues señalaron que el pacto definitivo está "muy avanzado" y solo faltan por cerrar "unos flecos".

La parte del texto cerrado hasta ahora no incluye una cifra concreta como límite máximo de déficit de las administraciones públicas en sus cuentas. Un planteamiento que defendió el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al que el PP, según fuentes conocedoras de las negociaciones, no puso demasiadas objeciones aunque en el intercambio de documentos en alguno del partido opositor se recogiera un tope de déficit del 0,4% del PIB.

El líder de los socialistas se incorporó a las negociaciones el miércoles pasado con este objetivo para calmar al amplio coro de diputados y dirigentes de su partido que comenzaron a criticar en público la reforma por considerar que si la Carta Magna consignaba un límite máximo de déficit ataría de pies y manos a los gobiernos en sus políticas económicas y pondría en peligro las políticas sociales en las fases de escaso o nulo crecimiento.

Las demandas de Rubalcaba encontraron un aliado en CiU, partido al que PSOE y PP quieren sumar en los próximos días a la reforma constitucional. Su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, con el que tanto el Gobierno como el PP conversaron el martes y el miércoles, puso dos condiciones para que su grupo vote a favor: el texto a incluir en la Constitución debería fijar el principio de estabilidad presupuestaria, pero sin marcar cifra alguna de déficit, y tampoco podía limitar la autonomía financiera de las comunidades.

Ley orgánica

El pacto que se cerrará este viernes recoge que este tope de déficit para cada ejercicio no estará en la Constitución y que se concretará en una ley orgánica de desarrollo que socialistas y populares ya han empezado a negociar. El acuerdo y la ley establecerán el margen que los gobiernos tendrán para elaborar sus presupuestos en función del punto del ciclo económico en que se encuentren en cada momento.

La vicepresidenta Elena Salgado señaló el miércoles que la idea central que perseguía el Ejecutivo era que ante crecimientos del 2% y al 3% del PIB, los normales en España en ciclos expansivos, los presupuestos deberían presentar déficit cero; que con incrementos de actividad más vigorosos se deberá lograr superávit; y que sólo para crecimientos inferiores al 2% se permitirá un pequeño déficit, el que la Constitución de Alemania ha fijado en un 0,35 del PIB y que España podría fijar en la ley de desarrollo en una términos similares.

Otro de los puntos en los que está avanzado el acuerdo es que la Constitución y la ley también establecerán que la obligación de equilibrio presupuestario puede verse vulnerada, aunque durante el menor tiempo posible, en momentos en que el país este azotado por catástrofes naturales u otras situaciones de emergencia graves o en situación de recesión económica. En esos casos el déficit podrá superar el tope legal para tratar de reactivar la economía, hacer frente al incremento del desempleo y garantizar el estado de bienestar.

PP y PSOE tratarán de sumar al acuerdo a partir del viernes al menos a CiU y también si es posible a los nacionalistas del PNV y de Coalición Canaria, ambos en principio muy poco partidarios de esta reforma. Los socialistas no descartan sondear también a otros grupos de izquierda parlamentaria, aunque con pocas esperanzas, dadas sus durísimas críticas al proyecto.

Los dos grandes partidos, que superan en ambas cámaras los tres quintos que precisa la modificación, esperan que la reforma sea tomada en consideración por el pleno del Congreso el 30 de agosto y aprobada por el mismo órgano el 2 de septiembre. En su programación será ratificada por el Senado la semana próxima y quince días después será sancionada por el rey y entrará en vigor.