PSOE y PP logran pactar la reforma de la Constitución

PP y PSOE, tras un día de reuniones maratonianas, alcanzaron un principio de acuerdo para reformar la Constitución e introducir un artículo en el título VII que establecerá el equilibrio presupuestario como la regla que deben seguir todas las administraciones públicas a partir de 2018 ó 2020. Los últimos flecos del pacto se cerrarán hoy. La modificación que aprobarán el Congreso y el Senado será la segunda reforma en 32 años, tras el leve cambio introducido en 1992 para otorgar a los naturales de la UE el derecho a presentarse como concejales en las elecciones municipales.

El principio de acuerdo fue alcanzado pasadas las ocho y media de la noche por los equipos liderados por los portavoces parlamentarios de cada partido, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, que junto a sus expertos económicos mantuvieron reuniones e intercambiaron borradores con distintas redacciones a lo largo de toda la jornada en el Congreso. Los negociadores iniciaron la ronda el miércoles, después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, aceptase la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero para introducir en la Constitución la limitación del déficit público como exigían los dos principales líderes de la UE, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, el Banco Central Europeo y los mercados financieros.

La portavoz de los populares, de todos modos, se mostró muy cautelosa y se limitó a decir que «la negociación está muy avanzada» y «el acuerdo definitivo está muy cerca». La prudencia también se instaló entre los socialistas, que utilizaron casi las mismas palabras que Sáenz de Santamaría y señalaron que el pacto definitivo está «muy avanzado» y solo faltan por cerrar «unos flecos».

La parte del texto cerrado hasta ahora no incluye una cifra concreta como límite máximo de déficit de las administraciones públicas en sus cuentas. Un planteamiento que defendió el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al que el PP, según fuentes conocedoras de las negociaciones, no puso demasiadas objeciones aunque en alguno de los documentos intercambiados por el partido opositor se recogiera un tope de déficit del 0,4% del PIB.

El líder de los socialistas se incorporó a las negociaciones el miércoles con este objetivo para calmar al amplio coro de diputados y dirigentes de su partido que criticaron en público la reforma por considerar que si la Carta Magna consignaba un límite máximo de déficit ataría de pies y manos a los gobiernos en sus políticas económicas y pondría en peligro las políticas sociales en las fases de escaso o nulo crecimiento.

Las demandas de Rubalcaba encontraron un aliado en CiU, partido al que PSOE y el PP quieren sumar a la reforma. Su portavoz, Antoni Duran i Lleida, con el que el Gobierno y el PP conversaron el martes y el miércoles, puso dos condiciones para votar a favor: el texto a incluir en la Constitución debería fijar el principio de estabilidad presupuestaria, pero sin marcar cifra alguna de déficit, y no debía limitar la autonomía financiera de las comunidades.

Ley orgánica

El pacto que se cerrará este viernes recoge que el tope de déficit para cada ejercicio no estará en la Constitución y que se concretará en una ley orgánica de desarrollo que socialistas y populares ya han empezado a negociar. El acuerdo y la ley establecerán el margen que los gobiernos tendrán para elaborar sus presupuestos en función del punto del ciclo económico en que se encuentren en cada momento.

La vicepresidenta Elena Salgado señaló el miércoles que la idea central que perseguía el Ejecutivo era que ante crecimientos del 2% al 3% del PIB, los normales en España en ciclos expansivos, los presupuestos públicos deberían presentar déficit cero; que con incrementos de actividad más vigorosos se deberá lograr superávit; y que sólo para crecimientos inferiores al 2% se permitirá un pequeño déficit, el que la Constitución de Alemania fijó en un 0,35% del PIB y que España podría marcar en la ley de desarrollo en unos términos similares.

Otro de los puntos en los que está avanzado el acuerdo es en que la Constitución y la ley también establecerán que la obligación de equilibrio presupuestario pueda verse vulnerada, aunque durante el menor tiempo posible, en momentos en los que el país esté azotado por catástrofes naturales u otros casos de emergencia graves o en situación de recesión económica. En esos escenarios el déficit podrá superar el tope legal para tratar de reactivar la economía, hacer frente al incremento del coste del desempleo y garantizar el estado de bienestar.

PP y PSOE tratarán de sumar al acuerdo a partir hoy al menos a CiU y también si es posible a los nacionalistas del PNV y de Coalición Canaria, ambos en principio muy poco partidarios de esta reforma. Los socialistas no descartan sondear también a otros grupos de izquierda parlamentaria, aunque con pocas esperanzas, dadas las durísimas críticas que han dirigido al proyecto.

IU no aprovechó para plantear demanda alguna, pero prometió movilizaciones contra la reforma para exigir que se apruebe mediante referéndum. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, informó de que ha enviado cartas los 350 parlamentarios del Congreso para que respalden la convocatoria de una consulta popular, votación que exige estar respaldada por al menos 35 diputados. Entre todos los grupos minoritarios suman 28.