El Gobierno decide hoy sobre la marcha si sube los impuestos a los ricos

El segundo Consejo de Ministros de agosto decidirá hoy si los contribuyentes españoles más ricos van a tener que aportar un poco más para la salida de la crisis, como ocurre en Francia o Italia. Solo está descartada la creación de un nuevo impuesto, porque la convocatoria de elecciones generales el 20-N no daría tiempo a su tramitación parlamentaria. Pero el Ejecutivo podría reactivar el impuesto de Patrimonio para los poseedores de bienes por encima de 1,5 millones de euros, retocar el IRPF para elevar la presión a los ingresos más elevados, acordar una combinación de ambas medidas, aumentar la retención a las rentas del ahorro o incluso, dejar la fiscalidad tal como está ahora.

La medida de rebajar del 8% al 4% el IVA que se paga por la adquisición de la vivienda nueva durante los meses que restan de este año se tomó en el Consejo de Ministros del día 19 prácticamente sobre la marcha. Es cierto que las ventajas fiscales no deben ser divulgadas de antemano para no debilitar sus efectos: las compras se hubieran demorado hasta la entrada en vigor de la medida. Pero las cautelas van a servir de poco. El impacto de aplicarla en un plazo muy corto, que hubiera debido estimular las compraventas, ha quedado diluido tras el anuncio del principal partido de oposición, comprometido a extender la rebaja durante todo el año 2012.

En el aumento de los impuestos a los más ricos no se puede hablar de improvisación. Los estudios del impacto recaudatorio que tendría cada una de las modificaciones posibles están hechos hace tiempo. Hace un par de semanas que se realizó una proyección actualizada de los datos fiscales. Resultó que gravar a quienes poseen bienes por encima del millón de euros (para el estudio se consideró un reparto de 300.000 euros de valor en bienes inmuebles, excluida la primera vivienda, y de 700.000 en activos financieros) afectaría a unos 150.000 contribuyentes ricos. Subir el 'suelo' de las propiedades hasta 1,5 millones rebajaría la cifra hasta dejarla en 35.000. El aumento de los ingresos, en función de los tipos, podría oscilar entre 2.000 millones de euros y 1.000 millones de euros.

Solidaridad

No son grandes cifras si se piensa en ellas como recurso para corregir el déficit del Estado. Restaurar el impuesto sobre el Patrimonio supondría más bien mandar un mensaje de que las cargas se reparten equitativamente, o de la puesta en marcha de un principio de solidaridad. En su edición anterior, esta figura tributaria penalizó sobre todo a las clases medias, puesto que en el último ejercicio fiscal en que estuvo en vigor, el año 2007, el límite exento estaba en 117.000 euros. Es decir, que tenían que pagar quienes eran propietario de bienes por valor superior a esa cifra sumando en activos financieros e inmuebles distintos de la vivienda habitual. En aquel ejercicio, la aportación de 976.793 contribuyentes ascendió a 2.121 millones de euros.

Los expertos han denunciado que resucitar el impuesto sobre Patrimonio conllevaría cargar con sus desequilibrios. Y citan, entre otros, el 'castigo' a los propietarios de una segunda vivienda, de la que muchos ni siquiera se pueden desprender, ante la paralización del mercado inmobiliario.

La otra vía, el retoque del IRPF fue el instrumento que ya utilizó el Gobierno el pasado año cuando se extendió la exigencia de una mayor contribución de los más ricos. Ya en 2011, en el régimen fiscal común existen dos nuevos tramos: a quienes declaran ingresos superiores a los 120.000 euros se les aplica un tipo marginal del 44%, y por encima de los 175.000 euros este tipo se eleva al 45%. La cosecha del fisco tropieza con un obstáculo adicional. En 2008, el número de declaraciones con base imponible superior a los 120.000 euros se limitó a 152.730, unos 13.000 menos que en el ejercicio anterior.

No hay tiempo para crear un impuesto directo sobra las grandes fortunas, añaden los expertos, pero si, además del mensaje de solidaridad forzada lo que se persigue es mejorar la recaudación, ahí están las rentas del ahorro, que ahora tributan al 21%, tras la subida del pasado julio. Aumentar la retención sería algo similar a lo que se ha hecho con el impuesto de Sociedades de las grandes empresas, y supondría una aportación inmediata de fondos.