Revuelta en el PSOE contra la inclusión del límite del déficit en la Carta Magna

El anuncio realizado por José Luis Rodríguez Zapatero de introducir una reforma en la Constitución para reducir el déficit público causó un profundo malestar entre numerosos dirigentes socialistas. Elena Salgado garantizó ayer que el límite constitucional para el déficit público que PSOE y PP van a aprobar se basará en una fórmula «flexible» que permitirá al Gobierno superar el tope de gasto fijado para afrontar situaciones excepcionales como grandes catástrofes y recesiones, en las que el recurso al endeudamiento público puede ser imprescindible para reactivar la economía, asegurar el estado de bienestar y cubrir el incremento de las prestaciones de desempleo.

La vicepresidenta y ministra de Economía, en un claro intento de calmar las muchas dudas y el palpable malestar que ha creado entre los socialistas el viraje del Ejecutivo y su sorprendente propuesta de constitucionalizar el déficit, aseguró que la redacción del artículo que ahora negocian ambos partidos nunca «atará de manos ante la crisis» a las distintas administraciones. Tendrán posibilidad de emprender «medidas de estímulo de la economía» cuando sea preciso.

Los paños calientes de Salgado llegan después de que el candidato socialista a las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba -que dirigirá desde este jueves las negociaciones con el PP- y otros dirigentes no oculten que aceptarán la reforma constitucional a regañadientes, sólo por disciplina hacia su Gobierno y para no empañar la imagen de consenso y confianza que se pretende mostrar a Europa y a los mercados.

Rubalcaba avisó de que es precisa una «fórmula flexible» y «una letra pequeña» que garantice que el límite de déficit podrá superarse cuando la situación así lo exija, como ha pasado con la actual crisis, porque «no podemos pillarnos los dedos». El lehendakari Patxi López se expresó en términos casi idénticos.

A quienes no alivió la vicepresidenta fue a diputados socialistas como el exlíder de CC OO Antonio Gutiérrez o los dirigentes de Izquierda Socialista Manuel de la Rocha y José Antonio Pérez Tapias, así como al dirigente de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, o al exministro José Borrell, que descalificaron la reforma, que creen una traición de Rodríguez Zapatero al PSOE y una entrega a la Europa más conservadora.

Gutiérrez, que ya rechazó el abaratamiento del despido, anticipó que votará en contra.

El expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara advirtió que también se opondrá a la reforma si antes no se explica bien. Por su parte, el eurodiputado y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, expreso su «perplejidad» por anuncio, una vez convocadas las elecciones, aunque dijo que apoyará el acuerdo entre ambos partidos, un consenso que reclamó que se amplíe a otras reformas solicitadas por los ciudadanos.

Elena Salgado explicó en la Ser que la fórmula, que debe cerrarse hoy, pretende fijar un límite al déficit de todas las administraciones cercano a cero -en Alemania es el 0,35% del PIB- para los ejercicios presupuestarios ordinarios a partir de 2018 o 2020. Sin embargo, indicó que la cifra concreta la cerrará cada año el Gobierno de acuerdo al momento del ciclo económico en que se encuentre.

Explicó que incluirá una cláusula excepcional que permitirá superar el tope de déficit en ejercicios marcados por catástrofes o recesiones, pero con la directriz de recuperar la disciplina del gasto «en un plazo razonable». También limitará la emisión de deuda pública de acuerdo a los porcentajes que marque la UE, en la actualidad el 60% del PIB.

Mientras el Gobierno pedía calma a su partido, el PP trataba de sacar más réditos a la cesión política del Gobierno y de Rubalcaba.

Mariano Rajoy insistió en que Zapatero aclare si el Banco Central Europeo le envió una carta y si la misiva le sugiere emprender esta modificación constitucional a cambio de que continúe la compra de deuda española. El líder popular recordó que Italia, que como España se benefició de la compra de deuda por el BCE, sí que recibió la carta y fue persuadida por la institución europea para limitar el déficit en la Constitución, cosa que también va a hacer.

«Nadie nos ha obligado»

Soraya Sáenz de Santamaría acusó al presidente de «falta absoluta de transparencia» por negarse a contestar. «Los ciudadanos tienen derecho a saber si la carta ha existido», insistió la portavoz popular, que criticó al Gobierno por no aceptar la reforma cuando Rajoy la reclamó hace un año, porque se pudo haber hecho «de otra manera y con más sosiego».

Salgado tampoco quiso hablar de la carta, pero aseguró que "nadie nos ha obligado" a cambiar de opinión y que la constitucionalización del déficit es "una decisión autónoma" del Ejecutivo. Sin embargo, admitió que España quería estar en la estrategia marcada por las dos grandes potencias continentales, Alemania y Francia, que propusieron que los 17 estados miembros del euro reflejen el freno a la deuda pública en sus constituciones antes del verano de 2012, y reconoció que lo han hecho porque "da tranquilidad a los inversores" y era "el momento de dar una señal" a los mercados.

El Gobierno sigue sin confesar las presiones de Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, pero la Comisión Europea felicitó hoy a España por una decisión que "aportará confianza a los mercados" porque cree que demuestra que el país está dispuesto a hacer lo que haga falta para corregir sus desequilibrios financieros. Es más, la propia Merkel utilizó hoy la cesión de España a sus demandas para justificar ante los parlamentarios más críticos de su partido que con las ayudas a Grecia, Portugal e Irlanda los estados bajo sospecha de los mercados van por el buen camino.