Unas medidas que no satisfacen a casi nadie

Las medidas adoptadas por el Gobierno en el primer consejo de ministros extraordinario de agosto han cosechado más críticas que aprobaciones. Entre las censuras destaca el rechazo de las organizaciones empresariales, que trasladan el malestar de las 3.900 compañías que han de adelantar entre 59.000 y 255.000 euros de impuestos.

La rebaja del IVA por la compra de vivienda nueva, satisfactoria para los potenciales compradores, favorece en primer lugar a los bancos, que tienen en sus carteras miles de inmuebles a los que necesitan dar salida. Pero los particulares que intentan sin éxito vender un piso tropiezan con un obstáculo añadido y tendrán que rebajar su precio si quieren competir en el mercado. La rebaja fiscal no afecta a las transacciones de viviendas de segunda mano, a las que se aplica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Son las comunidades autónomas las que tienen capacidad de decidir sobre este tributo.

El adelanto en el pago del Impuesto de Sociedades no supone un aumento del pago, reconocen fuentes empresariales, pero recorta el dinero de que disponen las compañías para hacer frente a esas necesidades cotidianas que van desde el pago de las nóminas al abono de los recibos por servicios o el suministro de proveedores.

La tesorería de las sociedades se resentirá de una carga adicional no prevista, que se suma a la morosidad en el cobro de las deudas de las administraciones.

Reducción del IVA por la compra de vivienda nueva

La propuesta más novedosa del paquete, la reducción del IVA por la compra de vivienda nueva desde el 8% hasta el 4%, ha sido criticada por los expertos por la incertidumbre que siempre suscitan los cambios fiscales aplicados en un corto periodo de tiempo. El tipo de IVA aplicado a la vivienda nueva pasó el 1 de julio pasado del 7% al 8%, y ahora se decide un régimen excepcional a aplicar durante un breve periodo de cuatro meses. Siempre que se producen modificaciones tan bruscas hay distorsiones no deseadas en el mercado, advierten los técnicos.

El objetivo que se ha propuesto el Gobierno con esta medida es, según reconoció la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, que las entidades financieras puedan vender en los últimos cuatro meses del año una gran cantidad de los inmuebles que ahora se encuentran en su poder, por un valor estimado de 20.000 millones de euros, según cuentas del propio sector, porque los promotores no pudieron hacer frente a la financiación que en su día les concedieron.

Si bancos y cajas logran dar salida a los pisos que acumulan, admitió la responsable económica del Ejecutivo, sus balances se verán liberados de esta carga, y podrán abrir el grifo del crédito que ahora mantienen casi cerrado para las empresas y las familias.

También se recuperará, aunque con una dimensión mucho más reducida, el papel que en la generación del Producto Interior Bruto desempeña la construcción. No lo tiene tan claro la federación de la construcción de CCOO, para quien la banca es el único beneficiario.

"Que se vendan ahora 50.000 viviendas no va a mover a las constructoras a volver a construir", asegura su secretarer si hay voluntad política para afrontarlo.