El colapso en los juzgados impide que los desahucios sean 'exprés'

Las leyes, sobre el papel, parecen impecables y brillantes, capaces de solucionar los problemas para los que fueron creadas, pero al llegar la hora de aplicarlas, las buenas intenciones que la redactaron suelen enfrentarse con la dura realidad. Ha pasado ya año y medio desde que una de estas leyes ideales se promulgaba para dar solución a los inquilinos que se veían impotentes para echar de sus casas a inquilinos morosos, que se negaban a pagar el alquiler. En 'teoría', el famoso 'desahucio exprés' prometía agilizar los trámites judiciales para que todo quedara listo en menos de seis meses y así incentivar la oferta del alquiler, mermada por el temor de muchos dueños a perder sus casas durante meses sin ver un euro.

Pero a la hora de la verdad, la falta de medios, personal y el colapso de asuntos que atasca los juzgados de la provincia impiden en muchos casos que los desahucios sean realmente 'exprés' y que las ambiciosas promesas de la ley, que aspiraban a que un proceso se solucionara en menos de seis meses, se cumplan. En la mayoría de los juzgados de la provincia, una demanda por impago en el alquiler aún puede alargarse un año -a veces más- desde que se presenta hasta que se dicta una sentencia, pero sobre todo, hasta que se ejecuta por los servicios comunes: este representa el cuello de botella en el que más retraso suelen sufrirse, ya que, como reconoce la abogada Carmen Caravaca, especializada en este tipo de asuntos de arrendamientos, con bufete en Cádiz: «Solo se puede hacer una ejecución al día».

Los servicios comunes que deben llevar a cabo los lanzamientos -término con el que se conocen los desalojos- no dan abasto, ya que el número de demandas y procedimientos de desahucios se ha disparado en los últimos dos años debido a la crisis y el aumento de la morosidad. Mientras, las plantillas de funcionarios no han crecido. Así, según el último informe sobre los efectos de la crisis elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, mientras que en 2009, en la provincia de Cádiz, se ordenaron 665 lanzamientos, en 2010 -con la nueva ley de 'desahucio exprés'- los desaolojos se incrementaron hasta 1.017. A estas cifras hay que sumar también los casos que, por suerte, acaban con una solución extra judicial, al que llegan muchos ante el retraso del procedimiento. «Los abogados hacemos de mediadores», explica Estefanía Benítez, letrada de Cádiz, que recuerda una máxima en Derecho: «Más vale un mal acuerdo que un buen pleito».

Desigualdad entre ciudades

Otra máxima se repite cuando se pregunta cuánto se tarda en expulsar de casa un inquilino moroso: «Depende del juzgado». Y es que, a la hora de aplicar la ley, la situación de desigualdad entre unas ciudades y otras resulta abismal. En Cádiz o Jerez, por ejemplo, donde existen órganos de primera instancia que tramitan solo procedimientos de tipo civil, los desahucios se ejecutan con celeridad. «En la capital, en tres o cuatro meses puede estar un caso solucionado», reconoce por ejemplo, la letrada Carmen Caravaca.

La situación se enquista, en cambio, en el resto de localidades donde los órganos judiciales atienden tanto las denuncias penales como las civiles, y no solo de su término municipal, sino en algunos casos también de los pueblos de alrededor. Los juzgados mixtos -que a excepción de la capital, Jerez y Algeciras, son la norma-, dejan la ley en papel mojado. Inmaculada Vela, abogada con despacho en Chiclana, calcula que en esta ciudad un propietario puede tardar «como mínimo» nueve meses en ver una solución a un inquilino problemático. Eso en el mejor de los casos. Según esta letrada, en los juzgados chiclaneros ni siquiera se aplica el protocolo de 'desahucio exprés': «La ley precisaba de una serie de casos en los servicios comunes que no se están aplicando».

De esta manera, los juicios donde deben solventarse las demandas que se presentaron el pasado mes de junio, -ya que agosto es inhábil y en septiembre aún hay personal de vacaciones-, se están señalando en la primavera de 2012, casi un año después. A ello hay que sumarle el tiempo de la ejecución de las sentencias, como mínimo, un mes. Un tiempo durante el que los inquilinos siguen disfrutando de la vivienda sin pagar. «Cuando se celebra el juicio, algunos se declaran insolventes y la deuda no se puede recuperar. Algunos clientes están ya desesperados», admite Inmaculada Vela.