El Gobierno baja el IVA de la vivienda nueva para reducir el 'stock' y aliviar a los bancos

El Gobierno decidió, con carácter extraordinario y solo hasta fin de año, una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido del 8% hasta el 4% para la adquisición de vivienda nueva. La medida tiene como fin principal reducir el abultado parque de viviendas sin estrenar en su mayoría en poder de los bancos. Si las entidades financieras ven liberados sus balances de parte de este peso, confía el Ejecutivo, pueden animarse a reabrir el grifo del crédito, esencial para el crecimiento económico.

La decisión entra en un paquete de medidas que ayudará a reducir el déficit en unos 3.300 millones de euros este año. «El Estado -dijo la vicepresidenta Elena Salgado- da por seguro que, pese a la desaceleración económica, obtendrá los ingresos presupuestados, y no puede desviarse en sus desembolsos porque ha de someterse al techo de gasto aprobado en el Parlamento».

La situación del mercado de vivienda requería medidas urgentes. A finales de 2010, el 'stock' de vivienda nueva sin vender ascendía a 687.523 unidades, y desde esa fecha incluso podría haber aumentado con los pisos en construcción concluidos desde entonces. Las ventas hoy son casi inexistentes pues bancos y cajas no conceden préstamos, y desde que el PP anunció que si gana restablecerá las deducciones a la compra de vivienda habitual los compradores han optado por esperar y el mercado se ha estancado.

El Ejecutivo aprobó además en el Consejos de Ministros extraordinario otras medidas para paliar el déficit de las administraciones públicas hasta el 6% del PIB este año. A ese objetivo ayudarán los ahorros en la factura farmacéutica y el adelanto de las cantidades que abonan las grandes empresas en concepto de Impuesto de Sociedades. Salgado aseguró que «ni se ha modificado la estructura de este tributo ni siquiera se ha producido un aumento de los tipos» y replicó así a quienes apuntan que las medidas carecen del calado que cabía esperar frente a la presión de los mercados y las exigencias de los socios europeos.

Tanto Salgado como el portavoz del Gobierno, José Blanco, insistieron en el carácter «temporal y excepcional» de la medida. Pero el Ejecutivo no se puede permitir que se prolonguen un minuto más las graves consecuencias del drástico parón de la construcción -sufre un desplome del 47%-, con su alto peso en el mercado laboral, y todavía aspira a que este sector, que representó el 10% del PIB durante la burbuja, mantenga una cuota del 4%. Para superar el bache hasta las elecciones sin dar marcha atrás en la supresión de los beneficios fiscales a la compra, el Gobierno optó por bajar el IVA. Una persona que adquiere un piso de 200.000 euros, según los cálulos de Blanco, se ahorrará 8.000 euros en concepto de IVA. La decisión no sale gratis porque requiere la autorización de Bruselas, muy celosa en la vigilancia de la armonización fiscal. Salgado aseguró que la rebaja no tendrá coste presupuestario porque más ventas aportarán más recaudación, aunque el tributo sea más bajo.

El Gobierno se propone ingresar unos 2.500 millones de euros por el adelanto del Impuesto de Sociedades para las empresas que facturan 20 millones de euros anuales o más. El anticipo afectará a unas 3.900 en los tres próximos ejercicios. También ha escalonado el impacto para que el importe del anticipo sea mayor en las firmas con ingresos superiores a los 60 millones, y algo menos para las que facturan entre 20 y 60 millones de euros.

Desde las asociaciones empresariales a PP y CiU han denunciado que anticipar impuestos supone «pan para hoy y hambre para mañana». Pero los cambios introducidos van algo más allá, porque el adelanto de los pagos fraccionados de las grandes empresas -que se extiende a 2011, 2012 y 2013- irá acompañado de una reducción de los porcentajes con que las compañías compensan en su declaración de impuestos una serie de impactos negativos pendientes descontándolos de la cifra que han de pagar al fisco. Por este motivo, el saldo de futuros ejercicios del Impuesto de Sociedades experimentará un aumento de unos 400 millones anuales en ese trienio. Para compensar a estas compañías el plazo en el que se pueden realizar estas compensaciones pasará de 15 a 18 años.

Ahorro de 2.400 millones

Las medidas adoptadas en el gasto farmacéutico supondrán un ahorro anual de 2.400 millones. Su aplicación aliviará las cuentas públicas en unos 800 millones este año. Estas iniciativas abarcan desde la obligación de los médicos del sistema público de recetar fármacos por principio activo hasta la dispensación en las farmacias de la medicina más barata que igual composición. En los medicamentos con más de diez años

en los que no exista un genérico se aplicará una rebaja del 15%.