¿Qué hacemos con la Diputación de Cádiz?
Los agentes sociales aseguran que se trata de una institución esencial para la provincia si bien precisa de una reforma
C ÁDIZ.Actualizado:Un intenso y profundo debate azotado por las palabras del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la utilidad de las diputaciones ha sembrado la duda. Rubalcaba asegura que las corporaciones provinciales sobran y considera que hay que «adaptarlas a los otros tres niveles de la Administración, que son los que están consolidados». ¿Son útiles las diputaciones provinciales? Se pueden esbozar argumentos a favor o en contra, pero está claro que la supresión de este órgano administrativo no se puede realizar a la ligera, pues son miles los puestos de trabajo que dependen de esta administración, así como múltiples los proyectos que lleva adelante, por supuesto, varias las líneas de financiación y ayuda en planes municipales .
En el caso de Cádiz, parece más complicado aún que se lleve a cabo ya que es defendida por los agentes sociales y sirve de nexo de unión entre las diferentes comarcas de la provincia. Eso sí, ven con buenos ojos que se haga una reestructuración, que haya cambios, una reorganización y que se adapte a las nuevas necesidades de un territorio azotado como pocos por la crisis económica.
Ese edificio rosa de la plaza de España se ha convertido en un punto de referencia y no solo por lo llamativo que resulta, sino por la dependencia que varios municipios tienen de él, porque permite coordinar políticas provinciales y sobre todo porque recoge todo aquello que se queda en un limbo administrativo. Ahora bien, le falta rapidez, agilidad, voces ciudadanas, participación y, sobre todo, peso. Son solo algunos ejemplos expuestos por los colectivos vecinales, entidades industriales y asociaciones comerciales. El objetivo que debe perseguir se centra en la creación de riqueza para la provincia a través de la potenciación del turismo y de la creación de actividad industrial. En definitiva, la generación de puestos y posibilidades de trabajo.
Más eficientes
«No hay que discutir la utilidad de la Diputación de Cádiz porque ya la ha demostrado con solvencia. Ahora bien todo es susceptible de mejorar y ser más eficiente. Es el caso de esta administración que debe replantearse distintos temas para optimizar sus recursos». Las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual, resumen el sentir general del resto de agentes sociales y económicos que exponen la necesidad de transformar este gran ente, pero sin que se pierda.
El actual presidente, José Loaiza, no entiende por qué se da ahora esta discusión cuando tiene claro que las funciones de la Diputación «son esenciales, pero se tiene que dedicar a sus competencias y no a los derroches a la que lo han sometido los socialistas», explicó.
«Claro que no se debe suprimir porque tiene una serie de responsabilidades que serían difícil de acometerse si se eliminan. Ahora bien, hay que reestructurar y en lo que me atañe considero que debería de escuchar más a los ciudadanos y sobre todo fomentar la participación que hasta ahora ha sido nula», expuso Antonio Romero, miembro de la ejecutiva de la Confederación de la asociaciones Vecinales de Andalucía en Cádiz.
El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, aseveró que es «partidario a ultranza de las diputaciones se llamen como se llamen», aunque matizó que lo que hay que hacer es regular sus competencias tal y como se hizo hace un año en la comunidad autónoma andaluza tras la aprobación de la Ley de Autonomía Local.
«Es un nexo de unión de las comarcas de Cádiz y nunca se puede quitar. Lo que hay que hacer es agilizar, adelgazar y reorganizar la administración», aseguró el regidor de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. «Hay que regular los gastos pero también potenciar los ingresos y para eso, la Diputación es esencial», afirmó el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos. «Lo que hay que hacer es reestructurar toda la administración. Lo que no se puede permitir es que para cualquier trámite se tarde una eternidad y ahoga a los empresarios».