Banca y vivienda

Los grandes bancos españoles están preocupados -reconocen- por la mala imagen que les deparan los desahucios. Una de las acciones sistemáticas del movimiento del 15M ha sido, como se sabe, personarse físicamente en las aparatosas actuaciones judiciales que tratan de desalojar a los inquilinos de una vivienda para restituir la propiedad del inmueble a los bancos, generalmente a consecuencias de la ejecución de una hipoteca. En la práctica, numerosos desahucios han sido impedidos por este medio, aunque como es lógico la Justicia continuará los trámites para lograr su objetivo. Pero las instituciones financieras comienzan a plantearse otras vías para eludir el descrédito que les produce ser parte en tales tragedias.

Una cosa son los negocios y otra la moral, pero las instituciones de crédito, que pretenden ejercer una ciudadanía empresarial virtuosa, no pueden abdicar de sus responsabilidades ni eludir las reglas básicas de la ética democrática si no quieren convertirse en réprobas de la opinión pública, con un costo añadido para sus intereses. Y tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha obligado a más de 300.000 familias a perder su vivienda mientras otras tantas están a punto de tener que abandonarla a corto plazo, es preciso admitir que los bancos no son inocentes del desaguisado. Primero, por sus escasos escrúpulos al prestar dinero para una vivienda a quienes my probablemente no podrían devolverlo -la versión española de las hipotecas basura- y, segundo, engañando claramente -o no diciendo la verdad, que es lo mismo- a sus clientes al no advertirles del riesgo de que el crédito personal que concedían pudieran ser en algún momento muy superior al valor de tasación de la vivienda que compraban. Es indigno bajo cualquier punto de vista el sistema que ponga a las familias de la tesitura de tener que devolver una fuerte deuda después de haber perdido la vivienda hipotecada.

Es claro que hemos de avanzar hacia otro modelo inmobiliario en que la vivienda en propiedad no sea la norma sino la excepción y en que el asalariado no haya de vivir subyugado por los bancos cuando podría ser mucho más feliz en una vivienda de alquiler. Y esa pedagogía nos corresponde a todos.

También a los bancos si no quieren ser justamente criminalizados con dureza.