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Editorial

Incertidumbre sanitaria

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El cierre protagonizado el pasado jueves por la mayoría de las farmacias de Castilla-La Mancha para reclamar la deuda que la administración autonómica tiene contraída por los medicamentos financiados por el sistema público de salud emplaza a todas las comunidades a garantizar de inmediato la cobertura de una prestación tan básica, al tiempo que plantea la necesidad de una reflexión responsable sobre cómo hacer frente al paulatino incremento del gasto sanitario. Las farmacias no tienen obligación alguna de financiar a cuenta de sus titulares a aquellas administraciones que presentan problemas de tesorería, regla aplicable a cuantas empresas y particulares prestan servicios a las instituciones públicas. Pero, más allá de los legítimos intereses empresariales de las farmacias, en este caso se está poniendo en juego el acceso de las personas sujetas a prescripción médica a los productos que su salud precisa y cuyo coste está contemplado en los presupuestos de cada comunidad. Lo sucedido hasta ahora en Castilla-La Mancha y las situaciones que se viven en otras autonomías genera una gran incertidumbre que se cierne sobre un aspecto tan esencial del bienestar.