El Gobierno rechaza otro anticipo electoral «porque España es un país serio»

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el 29 de julio que las elecciones generales se adelantaban al 20 de noviembre. Apenas tres días después, el PP comenzó a reclamar un «adelanto del adelanto». Dirigentes populares como Esperanza Aguirre, Cristóbal Montoro o Estaban González Pons achacaron la crisis de la deuda soberana española a los tres «meses de interinidad» que debía afrontar nuestro país hasta la celebración de los comicios. Mariano Rajoy eludió alinearse con la tesis de sus compañeros de formación, aunque tampoco los desautorizó. Los problemas de Italia con su deuda mermaron el discurso del PP, que había vinculado las turbulencias financieras a las dudas sobre la política española. Fuentes de la dirección nacional del PP opinan, por su parte, que «desgastarse» en esa lucha podría resultar estéril, sobre todo cuando faltan menos de dos meses para que comience la campaña electoral.

El Gobierno dejó claro ayer que no tiene dudas al respecto. «¡Por favor, somos un país serio!», respondió el portavoz José Blanco a una pregunta sobre una hipotética nueva modificación de la fecha de las elecciones. El ministro de Fomento, en una entrevista en Punto Radio, calificó de «verdadera frivolidad» que el PP se haya dedicado de manera exclusiva a reclamar que se adelantasen aún más los comicios «cuando había un problema de verdad en Europa que amenazaba seriamente» a la economía española.

Blanco vaticinó que los ciudadanos juzgarán convenientemente las prisas del PP «que quiere llegar al Gobierno a cualquier precio». El ministro justificó esta supuesta celeridad del PP con un toque de sarcasmo: «Rajoy tiene muy poca confianza en sí mismo, en su liderazgo y en sus propuestas». El PP no ha sido el único en subirse al carro del adelanto del adelanto. CiU apoyó la moción, aunque como en el caso del PP, ahora introduce matices.

Brazos cruzados

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, conminó al Gobierno a que no se quede «de brazos cruzados» y ultime las reformas que hay pendientes porque, de lo contrario, no tendría sentido esperar al 20 de noviembre. Una fecha que, al contrario de lo que sostenía el lunes, considera «correcta», siempre y cuando se aproveche el mes de septiembre, hasta que se disuelvan las Cámaras, para acometer las reformas que están pendientes.

Los nacionalistas catalanes demuestran mucho interés en las próximas generales. Están convencidos de que aumentarán de diez a 16 el número de escaños en el Congreso. Desde CiU no descartan, incluso, formar parte del futuro Ejecutivo, aunque pondrían condiciones. La principal, mejorar la financiación de Cataluña, mediante un nuevo pacto fiscal que permita a esta comunidad solucionar el déficit mediante la administración de todos los impuestos. Elena Salgado, en la misma línea que José Blanco, recalcó ayer que trasladar del 20 de noviembre a octubre los comicios -en septiembre sería técnicamente imposible, porque las cámaras se deben disolver 54 días antes de que se abran las urna- «no sería en absoluto ninguna buena noticia».

La vicepresidenta económica enfatizó que todos los esfuerzos del Ejecutivo deben centrarse ahora en combatir la inestabilidad económica mediante la aprobación de medidas que ofrezcan «confianza». Salgado otorgó especial importancia a los pasos que dará el Ejecutivo en este sentido en los dos consejos de ministros que se celebrarán en el mes de agosto.