Ahorros simbólicos, por ahora

Las comunidades autónomas ganadas por el Partido Popular el pasado 22-M han comenzado un severo ajuste encaminado a embridar el déficit y a emprender el doloroso camino hacia la estabilidad a medio plazo. En una primera etapa, se ha reducido el número de consejerías, se ha suprimido incluso alguna institución y se ha rebajado la cantidad de asesores y cargos de confianza. Y en un segunda fase, se intentará ahormar tanto el gasto corriente (coches oficiales, luz, alquileres de sedes, telefonía móvil y fija, entre otros) como las subvenciones. Sin embargo, si se piensa que las comunidades autónomas representan más del 40% del presupuesto público, se entenderá que estos recortes, éticamente plausibles y políticamente ejemplarizantes, son meramente cosméticos, y no van a resolver ni remotamente el problema. Claramente, para encarrilar las comunidades autónomas por la senda del equilibrio presupuestario hará falta una tercera fase mucho más severa que, salvo que se opte por una improbable y destructiva subida de impuestos, tendrá que afectar a los grandes servicios públicos y/o al gasto social, como ya ha sucedido en Cataluña. Algo que negarán absolutamente los grandes partidos antes del 20-N, como si la opinión pública de este curtido país no estuviera al cabo de la calle de todas las marrullerías.