La Junta de Andalucía identificará los lugares de represión franquista

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación de la figura de los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, definidos como aquellos enclaves vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la guerra civil española y la dictadura franquista. Según explicó el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la identificación de estos lugares servirá como referencia histórica, recordatorio de los sucesos que tuvieron lugar en ellos y también como homenaje a las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad debido al ejercicio de sus derechos o por defender la democracia.

La consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obligará a la administración pública titular del mismo a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que el lugar experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Asimismo, el titular del ramo destacó que cuando la propiedad sea privada, la Junta de Andalucía fomentará la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares para alcanzar los mismos fines.

La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conllevará un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.

De acuerdo con el decreto regulador aprobado ayer, el inicio del procedimiento de declaración es competencia del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia. Este proceso se prolongará durante un periodo total de seis meses desde su inicio hasta su resolución. Un grupo de siete expertos estudiará la propuesta y emitirá un informe de carácter vinculante basado en motivos históricos y científicos. De ellos, tres serán nombrados a propuesta del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica; dos por sugerencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y otros dos por el Consejo Andaluz de Universidades. En caso de que sea favorable, el informe se remitirá a la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, que también deberá pronunciarse.

Este órgano, de coordinación entre los diferentes departamentos de la Administración autonómica, también podrá proponer la protección del lugar con alguna de las figuras recogidas en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Finalmente, el Consejo de Gobierno aprobará la declaración.

Los Lugares de Memoria Histórica se inscribirán en un catálogo específico de carácter público que contendrá la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y será de utilidad para estudios e investigaciones. El Comisariado será el encargado de mantener y difundir este registro.

Ley de Cooperativas

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer el proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que reforzará la capacidad competitiva y atenderá las demandas de este sector estratégico en la economía regional. Andalucía es actualmente líder en número de cooperativas, con 4.400 que dan empleo a unos 50.000 trabajadores.

Según explicó el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, la futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.

En relación con la simplificación de procedimientos, la ley abrirá la posibilidad de constituir una cooperativa sin necesidad de escritura pública y rebajará de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración, cuyo silencio se considerará positivo.