Industria achaca a la falta de avales el fraude en ayudas a la reindustralización

La crisis empezó a mostrar sus peores consecuencias en la Bahía en 2008. Los empresarios reclamaban ayudas económicas para salir a flote y un plan especial que garantizara el futuro. El Ministerio de Industria extendió entonces a la Bahía de Cádiz el Plan de Reindustrialización que aplicaba desde el año 2000 en el Campo de Gibraltar. Las empresas empezaron a solicitar subvenciones para proyectos de ampliación, investigación y asentamiento. Una de los requisitos que exigía el Ministerio para conceder la ayuda es que el expediente viniera con un aval económico. Sin embargo, esta exigencia retrasaba la concesión y dificultaba, para muchos empresarios, la solicitud. Los bancos no estaban por la labor de avalar a nadie en tiempos de crisis. La situación dio un importante giro en 2009 cuando la presión empresarial obligó a los políticos gaditanos a mediar con el Ministerio para suprimir los avales y agilizar el proceso de ayudas. Industria mostró entonces sus reticencias pero asumió el riesgo de conceder subvenciones a interés cero a proyectos empresariales que venían sin aval económico.

El problema surge en las ayudas del año pasado cuando el propio Ministerio detecta que tres empresas han recibido 14,5 millones de euros y que, sin embargo, no han llevado a cabo los proyectos industriales para los que pidieron la ayuda. Se trata de Aquandalucía, Cádiz Solar y Soluciones Tecnológicas Ambientales. Dos de ellas están representadas por el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, con un entramado empresarial a sus espaldas que nace en la localidad de A Proba.

El diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina ha querido aclarar que el proceso de concesión de ayudas a las empresas «ha sido y es limpio» y la eliminación de los avales que se pedían en un principio es el riesgo que hay que asumir. En este sentido, destacó ayer a LA VOZ que Hacienda se encargará de restituir el dinero tras la investigación que se lleva a cabo contra Dávila Ouviña.

De la Encina ha querido dejar claro que ni la Diputación de Cádiz ni la Junta de Andalucía tienen que ver con la asignación de las ayudas. Ambos organismos se encargan de recibir los expedientes y elevarlos al Ministerio de Industria. El diputado socialista ha querido salir al paso de las acusaciones que realizó el pasado sábado el nuevo presidente de la Diputación de Cádiz, el popular José Loaiza, que anunció la intención del Gobierno provincial de elevar a la Fiscalía el caso .

Desde las filas socialistas se ha puesto de manifiestos que el Plan de Reindustrialización seguirá vigente hasta 2013 pese a todo y en estos años de aplicación ha servido para generar en la provincia 1.833 millones de euros de inversión y 2.949 empleos directos. El plan ha destinado en estos años 458 millones de euros en ayudas y se han beneficiado 600 empresas, por tanto, según De la Encina, «no se puede tirar por tierra un plan por tres empresas que han defraudado». Aclara igualmente que la ausencia de avales era un riesgo, que se ha asumido, y recuerda que el PP también votó a favor de esta medida.