El sueño del fin de la violencia terrorista y la incógnita de Bildu

El presidente del Gobierno ya no confía demasiado en cumplir su sueño de abandonar el palacio de la Moncloa con un comunicado en el que ETA anuncie el cese definitivo del terrorismo, pero en su discurso previo a la despedida aseguró que la política llevada a cabo por sus ejecutivos ha dejado a la banda criminal en la «recta final» del ejercicio de «la violencia y el terror».

José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba estas palabras un día antes de que se cumplan dos años sin que se produzca un solo asesinato de ETA en territorio español, y tras más de seis meses de ausencia de extorsión a los empresarios, tiempo en el que la 'kale borroka' ha caído a mínimos históricos.

El jefe del Ejecutivo consideró que los avances en la lucha por el fin del terror que han logrado sus políticas y la actuación de policías, fiscales y jueces son «sustanciales, decisivos y determinantes».

No obstante, y pese a que aún le resta casi medio año en el cargo, advirtió a quien le suceda de que aún queda bastante camino por delante para liquidar esta lacra y le aconsejó que para lograrlo mantenga la unidad de los partidos y «tenacidad y firmeza» para evitar que ETA pueda recomponerse y dejar la senda que conduce a su final. Aunque no lo dijo, utilizó el tono de quien sabe que bajo su mandato se ha detenido a más de 700 presuntos terroristas y se ha descabezado a la banda hasta en seis ocasiones.

Zapatero expuso también lo que es la segunda incógnita vinculada a la violencia terrorista: si la izquierda 'abertzale' ha emprendido de forma real y definitiva el alejamiento de la banda que, para confirmarse, tendría que conducir a cambiar el actual rechazo de los atentados y de los actos de violencia por su condena sin ambigüedades y a reclamar a ETA de forma expresa su disolución. El presidente recomendó que se mantenga la vigilancia y la «exigencia» sobre actuaciones y comportamientos de este movimiento político y, especialmente, que se controle el cumplimiento de la ley por parte de los dirigentes y electos de Bildu, la coalición con la que han logrado retornar a las instituciones en las pasadas elecciones locales.

Control de listas

La izquierda 'abertzale' volverá a estar en los próximos meses en el ojo del huracán porque algunos de sus portavoces ya han indicado que casi con toda seguridad presentarán candidaturas al Congreso, listas que podrían tener que pasar, si así lo creen el Gobierno o la Fiscalía, un previo control judicial. El PP ya ha avisado de que si llega al Ejecutivo promoverá los correspondientes procesos de ilegalización contra los partidos que conforman la coalición, para poder echar a sus representantes de ayuntamientos y parlamentos, porque piensa que son el brazo político de la banda.

El Tribunal Constitucional aún no ha resuelto si Sortu, las siglas con las que Batasuna trató de retornar este año a la legalidad, puede inscribirse en el registro de partidos o si es excluido definitivamente por ser un instrumento de ETA como determinó el Tribunal Supremo.

La lucha antiterrorista volverá a formar parte sin duda de la campaña de las generales porque, con independencia de la polémica sobre las listas de Bildu, a partir de septiembre se esperan dos resoluciones judiciales de calado: la que determinará si los procesados por el chivatazo del bar Faisán dejan o no de estar acusados de colaboración con banda armada y la que dirá si algunas de las aplicaciones a etarras de la 'doctrina Parot' son inconstitucionales y, por lo tanto, si alguno de estos reclusos debe ser excarcelado.