La Cámara de Cuentas reclama 9,4 millones de euros a los responsables de la caja isleña
De Bernardo y Moreno tendrán que hacer frente a esta cantidad incluso con su patrimonio si los cajeros se declaran insolventes
SEVILLA. Actualizado: Guardar«El que por acción u omisión contraria a la Ley originase el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios». Es la definición que el Tribunal de Cuentas realiza sobre la responsabilidad contable de un alcance, entendido como la ausencia de justificación de una cantidad. Pues bien, según la Cámara de Cuentas (encargada del proceso de instrucción) los cajeros son los responsables directos de lo ocurrido en la caja municipal ante la desaparición de 7,8 millones de euros. Motivo por el que el órgano fiscalizador ha elevado al propio Tribunal de Cuentas una propuesta de liquidación de 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), lo que significa que ese dinero debe ser abonado tanto por Clemente Ruiz como por María José Lebrero.
En el caso de que se declaren insolventes y no puedan afrontar la deuda serán los responsables subsidiarios los que tendrán que hacer frente a esta cantidad. Entre los que se encuentran los ex alcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, además del actual y anterior interventor y la tesorera. Hay que matizar que se trata de una propuesta con «carácter previo y provisional» y que el proceso vuelve ahora al Tribunal de Cuentas en Madrid quien tendrá la última palabra. Claro que antes de dictar una resolución definitiva atenderá las alegaciones realizadas por parte de los responsables de la caja municipal desde el año 2002 al 2009 que tendrán que reponer los 7,8 millones de euros desaparecidos de la delegación de Hacienda además de 1,6 millones de euros de intereses. En el caso de no poder hacer frente económicamente tendrán que responder con su patrimonio.
Un nuevo giro en un caso que aún plantea serias dudas en los isleños y que tiene otra vía judicial abierta, en este caso para depurar las responsabilidades penales. Tras la salida de prisión del principal imputado, Clemente Ruiz, se espera ahora que se agilice la investigación y se reanuden las comparecencias a la espera del juicio. Aunque en principio no hay ninguna novedad respecto al dinero sustraído. Precisamente por eso llamó tanto la atención el procedimiento de ayer, ya que era la primera vez que comparecían con referencia al desfalco los últimos alcaldes de la ciudad, tanto Antonio Moreno como Manuel María de Bernardo, que supieron esquivar a los medios.
Ningún responsable
Por supuesto, ninguno de los que acudieron ayer a la sede de la Cámara de Cuentas se mostraron conforme con la propuesta que el órgano fiscalizador elevará al Tribunal de Cuentas. En el caso de Clemente, el excajero asegura que cumplía órdenes de sus superiores y que no controlaba el dinero que había en valores y avales, cuya responsabilidad correspondía tanto al interventor como a la tesorera. Expone que su cometido era cuadrar la caja y que el resto de justificaciones provenían de los mandos de Hacienda, tal y como se comprueba en los documentos firmados, según Clemente.
El interventor y la tesorera alegan por su parte que no ha habido ningún tipo de negligencia, sino «una falta de medios y un exceso de trabajo». Unos problemas que expusieron en los diferentes informes anuales que realizaban sin que nadie lo tuviera en cuenta. Es más, llegaron a declarar que su labor ha sido muy aceptable a pesar de las dificultades que se les presentaba para poder trabajar de forma adecuada. Por ello consideran que no son responsables de lo ocurrido en la caja municipal.
Antonio Moreno no entiende cómo va a ser responsable subsidiario de más de nueve millones de euros si cuando él dejó la Alcaldía supuestamente el error contable tan solo ascendía a 1,2 millones de euros. Mientras que Manuel María de Bernardo pidió su exclusión del proceso o en todo caso su suspensión a la espera de la finalización de la vía penal abierta (algo que fue respaldado por el letrado del Ayuntamiento), sin que ninguna de sus peticiones fueran atendidas.
Ahora será el Tribunal de Cuentas el que dicte la sentencia y fije la responsabilidad contable de cada uno. Si respeta la propuesta de la Cámara de Cuentas lo más probable es que todos paguen con su patrimonio la desaparición de los 7,8 millones de euros, habida cuenta de la cifra tan elevada que se tiene que devolver.
