El recorte de ayudas a la dependencia «no puede afectar» a los usuarios

Son un millar de personas las que dependen, literalmente, del servicio de ayuda a domicilio. Su movilidad, su higiene, su bienestar físico e incluso emocional están supeditados al trabajo que desempeñan día a día las empleadas de la concesionaria municipal Acasa, que se dejan la piel en asistir a ancianos y personas con discapacidad.

La reiterativa polémica de los atrasos económicos a la plantilla ha puesto de manifiesto un problema preocupante y de un calado mayor de lo que pueda parecer en un principio, puesto que el recorte anunciado por la Junta de Andalucía seguirá afectando al pago de las nóminas y con ello, por ende, a la prestación del servicio.

Lo que muchos se preguntan es qué ocurrirá con los beneficiarios cuando la administración regional ingrese en la próxima cuota bimensual solo la tercera parte de lo que le corresponde (400.000 euros, frente a 1,1 millones) a modo de «penalización» porque el equipo de gobierno anterior destinó esa partida a otros usos.

Uno de los primeros colectivos en lanzar la voz de alarma ha sido la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad, con un comunicado en el que sentencia que a la Junta «no le importa el bienestar de los mayores de Jerez». A juicio de la federación, este gesto demuestra «poco talante y falta de sensibilidad» con los usuarios, a los que se «castiga» por un desvío de fondos que para colmo fue cometido por un ayuntamiento de otras siglas.

Algo que subrayó ayer la presidenta del comité de empresa de Acasa, Encarni Barrios, así como Comisiones Obreras Andalucía, lamentando que detrás de la decisión se escondan intereses políticos. Desde Solidaridad aseguran que, si no se adopta una solución que garantice el pago del servicio de forma íntegra, no dudarán en ejercer medidas de presión para defender a los más desfavorecidos.

Amparo legal

La delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, no tardó en pronunciarse ante esta inquietud generalizada garantizando que el citado recorte «no puede afectar a los usuarios, porque es un servicio que recoge la ley». Como explicó el gerente de Acasa, Juan Carlos Romero, conviene distinguir entre la financiación y el servicio; la primera de ellas es la que pende de un hilo y sobre la que tendrán que ponerse a trabajar las dos administraciones al alimón para conseguir salvar los muebles. El segundo es el que está garantizado y «no solo se reduce, sino que crece, porque cada vez hay más demanda».

La Ley de Dependencia recoge un número de horas concretas que son las que la empresa factura al Ayuntamiento y éste se encarga de abonar. Ahora mismo solo le corresponde un 20% y los problemas se centran en ese 80% que ha de desembolsar la Junta. «No se trata de algo voluntario -resaltó-. No es como los jardines, que se pueden poner más o menos, esto es un derecho del ciudadano».

Paredes, por su parte, insistió en trasladar un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios y también a la plantilla, si bien reconoció que el ejecutivo local desconoce cómo financiará la asistencia. «Como se suele decir, tendremos que buscarnos las habichuelas... Nosotros reivindicaremos a la Junta que tiene que cubrir el servicio, porque no está cumpliendo. El Ayuntamiento tendrá que asumir la deuda».

En la actualidad, hay 8.163 beneficiarios de la Ley de Dependencia en la ciudad, de los que como se ha dicho anteriormente un millar reciben los servicios de Acasa. El número sigue creciendo y la delegada afirma que las solicitudes continúan registrándose con normalidad, si bien existe un cierto retraso en la elaboración de los programas individuales, que se gestionan en la delegación provincial. Algo que, como advirtió, sí podría producir a medio o largo plazo una merma en la calidad asistencial.