Los dueños de casas ilegales ganan influencia en los ayuntamientos

Antonia y Sebastián tenían ayer una cita importante en el banco. Iban a saber si la entidad les concedería el préstamo que les abra la puerta de su futuro hogar, de la casa donde esta joven pareja quiere crecer como matrimonio. Tienen apalabrada la compra de un piso en pleno centro de Chiclana. Al salir de la sucursal, la sonrisa no era de oreja a oreja, habían obtenido el crédito hipotecario, pero no por la cantidad que habían pensado. Además del coste por adquirir la vivienda, tenían que añadir otros gastos notariales derivados de la firma de la escritura, la inscripción en el Registro y otros actos administrativos que soporta cualquier propietario que accede a una vivienda legal. Unos costes que, sin embargo, no tienen aquellos que construyen al margen de la ley, los cuales se limitan al gasto por la compra de la parcela y la edificación. Ese trato desigual, sin embargo, no ha despertado la conciencia de los dueños que no han cometido delito alguno al hacerse con una casa; mientras que los dueños que construyeron sobre suelos no urbanizables van ganando capacidad de influencia en sus municipios hasta imponer sus planteamientos en la política urbanística.

La Fiscalía de Medio Ambiente lleva alertando hace años de cómo estos colectivos vecinales, que agrupan a propietarios de casas ilegales, se estaban constituyendo en grupos de presión; pero la última memoria del Ministerio Público va un paso más, confirmando cómo ya están conformados en «auténticos lobbies de poder» que están logrando en algunos casos «imponer la línea a seguir en los ayuntamientos».

Un claro ejemplo del avance de estos colectivos está en Chiclana, donde han llegado a crear una formación política (Partido Vecinal Regionalista, PVRE) que obtuvo en los pasados comicios dos concejales. En su ideario político la principal reivindicación es clara: legalizar al mínimo coste las miles de viviendas que fueron levantadas en el municipio ante la pasividad del Gobierno local.

«Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones -muchas de ellas incursas en procedimientos penales- sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras y servicios públicos se financie con fondos públicos, con los impuestos de todos los ciudadanos».

Sin ambages, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Patricia Navarra, no se ahorra ni un ápice de crítica contra estos colectivos que van ganando poder «ante la pasividad del resto de ciudadanos»; aquellos que han cumplido con las normas urbanística.

Disparidad de criterios

No es el único caballo de batalla del Ministerio Público en su guerra contra los desmanes urbanísticos en la provincia. Otro año más, la Fiscalía pone el acento en la disparidad de criterios que adoptan las distintas secciones de la Audiencia Provincial a la hora de acordar la demolición como parte de la condena por una construcción ilegal. Así, la fiscal Patricia Navarro destaca cómo se ha ordenado el derribo de una edificación por parte de una sección y en otro asunto, pese a tratarse de la misma zona y el mismo delito, otro tribunal de la misma Audiencia ha decretado solo la sanción por el delito, librando de la pica la construcción. El argumento siempre es el mismo: considerar que estaba en un núcleo urbano consolidado, donde el daño al bien jurídico (el suelo) es irreparable».

Mención aparte hace al papel de los ayuntamientos, que con su inactividad dejaron que crecieran estas edificaciones durante los años dorados del ladrillo. El Ministerio Público reconoce que son más diligentes actualmente a la hora de denunciar, pero no lo son tanto cuando se les pide que ejecuten derribos. La Fiscalía ha llegado a requerir judicialmente a alcaldes o concejales, recordándoles que podrían incurrir en un delito si no velan por el cumplimiento de una sentencia. De los 69 juicios celebrados el año pasado por estas edificaciones, 58 acabaron en condena. Sin embargo, la mayoría de las construcciones siguen en pie.