Los trabajadores anuncian una huelga salvaje de autobuses

«Como no cumplan con todos y cada uno de los acuerdos, la huelga durará muchísimo». Con esta rotunda frase se expresó ayer el presidente del comité de empresa de Urbanos Amarillos, José María Romero, durante una rueda de prensa en la que, con el apoyo de Comisiones Obreras, ratificó que el paro indefinido previsto para el próximo 8 de agosto seguirá adelante.

Las razones, como aclaró, no son solo económicas aunque evidentemente los atrasos sufridos en el cobro pesan más que ningún otro: «Éste es el incumplimiento principal; llevan nueve meses en la ciudad y llevamos nosotros 26 días de huelga porque nos pagan cuando quieren. Pero ya aunque lo hagan no la desconvocaremos mientras no cumplan con el cien por cien de lo pactado: salario, jornadas de trabajo, uniformes, todo».

Según Romero, el problema fundamental radica en que Urbanos Amarillos está incumpliendo no solo con los trabajadores sino también con otra de sus obligaciones como es el pago del canon de la concesión, cifrado en 1,3 millones de euros, o el del uso de los vehículos de la empresa anterior, Cojetusa, de 1,9 millones. La consecuencia de ello es que los administradores concursales de esta última empresa tampoco pueden afrontar los atrasos que mantiene con la plantilla, y que abarcan entre los 5.000 y los 7.000 euros por empleado.

«No cobramos ni de un lado ni de otro», se lamentó el presidente del comité, recordando que la concesionaria actual les debe la nómina de junio, la extraordinaria, anticipos de julio y vacaciones a algunos compañeros. «Si llega el día 8 y nos faltan cordones en los zapatos, seguiremos con la protesta», sentenció.

Una empresa «solvente»

Juan González, secretario del comité, matizó que no se encuentra en el ánimo de los trabajadores el pedir la municipalización del servicio, como así lo aseguró la pasada semana la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. «Nosotros lo único que queremos es una empresa solvente -puntualizó-, que cumpla con el convenio colectivo y se haga cargo de salarios, la red de transportes, frecuencias, paradas, renovación de la flota y de todo lo que no se ha hecho hasta ahora».

El secretario local de CC OO, José Manuel Trillo, por su parte, hizo un llamamiento al Ayuntamiento para que ejerza su labor de «mediador» y «no eche más leña al fuego y maree la perdiz, como el gobierno anterior». El líder sindical mostró su descontento por las voces que han salido a la palestra criticando el hecho de que unos profesionales que perciben un salario holgado convoquen una movilización de tales dimensiones.

«Si fuera un delito cobrar más de 1.000 euros estaríamos todos procesados, nadie ha cometido un delito. La huelga cuenta con todo nuestro apoyo». En la misma línea, anunció que la plantilla del servicio de autobuses de la zona rural, Linesur, tampoco está cobrando sus nóminas por lo que organizará una huelga para mediados del mes de agosto.

Trillo aprovechó también para dirigirse a los comerciantes, a los que pidió que «no se posicionen con la empresa» y se sienten a dialogar con ellos antes de realizar juicios de valor sobre la huelga, como ya ocurriera en alguno de los últimos paros organizados por los conductores. No cabe duda de que, aparte de los ciudadanos, los pequeños empresarios del centro volverán a ser los grandes perjudicados por la medida.

Algunos de ellos mostraron ayer su preocupación, como el caso de Carlos Rodríguez, de La Joyita, que recordó el periplo por el que está pasando el sector. «El centro ya de por sí está perdiendo dinero, así que con esto iremos de mal en peor. Veo lógico que reclamen lo que es suyo pero a nosotros nos afectará mucho, tendremos que aguantar el tirón».

«Cualquier cosa que suceda aquí nos afecta un montón -recalcó Enrique del Valle, de la tienda de informática y fotografía Solinteg-. Ya hay poca gente y si nos quitan el transporte...». Maribel López, de Zapamoda, incidió en la necesidad de que los 'parkings' tengan unos precios más asequibles para luchar contra perjuicios de este tipo que al final terminan atacando a uno de los sectores ya de por sí más castigados por la crisis.