La presión y la volatilidad amenazan a España pese al pacto europeo

Los mercados han demostrado que todo alimento es poco para saciar su voracidad y que la presión sobre la deuda soberana de países como España e Italia puede arreciar en cualquier momento y por cualquier excusa. Quedó claro el viernes tras la irrupción en escena de la agencia de riesgos Fitch con su decisión de calificar de suspensión de pagos «restringida» la solución pactada por el Eurogrupo para salvar a Grecia. Bastó ese comunicado para que la volatilidad volviera a los parqués. La Bolsa de Madrid pasó de la euforia al nerviosismo y después a la contención y la prima de riesgo regresó a las andadas. Por un momento pareció que nada había cambiado. Ahora la pregunta es: ¿Puede la economía española respirar tranquila?

Lo que ocurra la semana próxima será vital para desvelar si amaina el acoso a la deuda soberana de España e Italia, economías que los mercados incluyen, no sin cierto afán desdeñoso, en la categoría de 'periféricas' junto a las rescatadas Grecia, Irlanda y Portugal. Tras el jarro de agua fría arrojado por Fitch sobre el Eurogrupo, Bruselas se prepara para que las otras grandes agencias de riesgos, Moody's y Standard & Poor's, sigan su ejemplo. Puede que el «muro grueso para reducir la dependencia de las agencias de rating» -así llamó Elena Salgado al pacto de los 17 países del euro- no sea la línea defensiva definitiva para contener el embate especulativo.

La prima de riesgo o diferencial entre el rendimiento del bono español a diez años y el alemán es el termómetro que refleja la solvencia que los inversores atribuyen a la economía. Cuanto más alta está, menor fiabilidad otorgan a los especuladores a los títulos de deuda soberana y el Estado debe ofrecer una rentabilidad mayor para convencerlos de que le presten dinero. Ese mayor coste para el Tesoro termina por pasar factura a los ciudadanos. El presidente de BBVA, Francisco González, afirmó que cada cien puntos básicos de aumento de la prima suponen un sobrecoste de 12.400 millones de euros, que impide crear 160.000 empleos.

De ahí que el Ministerio de Economía no aparte la vista de las pantallas que reflejan la evolución del diferencial. Las alarmas saltaron el pasado lunes, cuando marcó 372 puntos, cota inédita desde que existe el euro. Los días posteriores bajó a medida que crecían los rumores de pacto en Bruselas. El jueves, tras filtrarse el acuerdo, cayó por debajo de 270 puntos en plena fiesta bursátil. El viernes había tal confianza en que las turbulencias habían acabado que el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, se atrevió a augurar que la prima «se va a seguir relajando». Horas después el comunicado de Fitch volvía a dispararla por encima de 300 puntos, para luego bajar a 293 al cierre de las bolsas.

Cambio de tendencia

Ese cambio de tendencia sugiere que para España persisten los riesgos de contagio. Los expertos atribuyen la pertinaz incertidumbre a algunos interrogantes que rodean lo pactado en Bruselas, en particular al futuro del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Hasta octubre no se sabrá si incrementa su actual montante (440.000 euros). Su eventual subida podría ser el arma final para ahuyentar la presión especulativa que padecen los dos países mediterráneos.

Independientemente de lo que haga el Eurogrupo, España debe asumir su carga y convencer a los mercados de que está en el camino de afianzar el crecimiento y reducir el déficit. De lo contrario, la sombra de la suspensión de pagos seguirá planeando sobre la deuda. El Gobierno ya aprobó una reforma laboral que abarata el despido, un duro programa de austeridad con rebajas de sueldos y recortes sociales, una reforma de las pensiones que retrasa la jubilación, y una reestructuración del sistema financiero.

El problema es que la demanda nacional -sobre todo el consumo privado- sigue atenazada por el miedo a lo que pueda pasar. La ansiada expansión del PIB no llega y eso retrasa la creación de empleo y mantiene la tasa de paro en máximos históricos. Una mejora general del crecimiento y del mercado laboral ayudarían a mejorar la credibilidad del país más que cualquier gesto político en Madrid o en Bruselas.