Urbanismo considera priotirario revisar el PGOU y estudiar la posibilidad de legalizar parcelas

Prioridad absoluta. El PGOU de 1994 se ha quedado obsoleto e incluso lleva 8 años sin hacerse modificaciones. Esta situación, que urbanísticamente vive Arcos, quiere ser solventada, en el menor tiempo posible, por el nuevo delegado municipal de Urbanismo, Manuel Erdozain (AiPro), que ha dado a conocer que se ha solicitado una ayuda de unos 204.000 euros para llevar a cabo la aprobación inicial, la provisional y la definitiva. En total se necesitarán 291.605 euros para estas aprobaciones pero el Ayuntamiento aportará el resto del dinero.

Erdozain aseguró que «nos hemos puesto manos a la obra porque entendemos que este nuevo PGOU es vital para el desarrollo de Arcos». No obstante, de momento el nuevo Gobierno solo encontrará dificultades para esta redacción ya que debe devolver 120.000 euros que recibió de una subvención de la Junta de Andalucía al municipio para elaborar su Plan y que se destinó al pago de gastos corrientes y nóminas por pare del anterior equipo de Gobierno socialista. Con esa cantidad se debería de haber abordado el estudio de avance del documento de planeamiento urbanístico.

El segundo asunto en la agenda del delegado es una de sus promesas electorales más antiguas, por la que siempre ha recibido críticas. Desde la fundación de AiPro, hace casi una década, siempre defendieron que había solución para las parcelaciones ilegales y que había que buscarla. Esa postura ahora encuentra apoyo en el decreto que va a hacer la Junta de Andalucía con este fin.

Este documento, destaca Erdozain, «abre la posibilidad de solucionar este grave problema» y considera que abre una nueva vía para solucionar dicho problema. Por ello, anunció que se ha pedido otra ayuda de 540.000 euros a la Junta para estudiar las posibilidades urbanísticas en el entorno de parcelaciones ilegales. Otra inversión, de idéntica cantidad a la anterior, se destinará a la gestión urbanística pública de las actuaciones previstas en el Conjunto Histórico, según el plan especial vigente, y el Ayuntamiento tendrá que aportar en torno a 200.000 euros.

Antena

Por otra parte, el delegado de Urbanismo ha visitado la calle Nicaragua para escuchar, como responsable municipal, las quejas que los vecinos tienen sobre una antena de telefonía móvil y un centro de Telefónica que hay en la zona. Allí se comprometió a estudiar desde el Ayuntamiento, aunque los parámetros de las pruebas de emisión no supongan que pueda causar problemas en la salud, la licencia que fue otorgada en 2001 y si la actividad que se lleva a cabo corresponde con la misma.

Además, ante la preocupación de los vecinos que achacan a esta antena problemas importantes de salud de algunos de ellos, ha anunciado que se pedirá una nueva revisión de mediciones de radiaciones y ruidos que emite y genera este centro y que «provoca que los vecinos no puedan descansar con normalidad», así como revisar el calor que generan estos aparatos.