El Ayuntamiento recurre a Diputación para poder pagar a las concesionarias

Diputación es el salvavidas al que se está aferrando el Ayuntamiento para intentar poner fin al drama de las trabajadoras de la concesionaria Acasa, encargada de prestar el servicio de ayuda a domicilio a las personas dependientes. Fue la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, la que adelantó ayer que el ente autonómico estaba trabajando codo con codo con el equipo económico municipal para «conseguir los recursos suficientes para pagar cuanto antes». Eso sí, no quiso aventurarse a poner una fecha aunque confesó que su intención era completar la operación en el día de ayer.

Al parecer, la primera edil se puso en contacto con las representantes de la plantilla a primera hora de la tarde para indicarles que la operación está «casi cerrada» con Diputación y que le habían solicitado a la empresa «que pague a las trabajadoras mañana -por hoy- o lo antes posible». Este último término quedó desmentido por los miembros del comité.

«Vamos a cumplir con nuestra obligación porque las trabajadoras no pueden esperar a que la Junta de Andalucía transfiera los nuevos fondos», continuó la alcaldesa. El último ingreso de la administración autonómica se realizó el pasado mayo (se hacen cada dos meses) y «cuando llegamos nosotros al gobierno ya estaban agotados», insistió la edil.

El Consistorio ha recurrido a la Diputación provincial -que lleva poco más de una semana en manos del Partido Popular- después de comprobar que otras alternativas para resolver los impagos podían ser más complicadas y, sobre todo, que se alargarían en el tiempo. García-Pelayo explicó que una de las maniobras financieras ideadas por su equipo pasaba por que la Junta de Andalucía certificara el ingreso que llegará a finales de mes de la Ley de Dependencia con el que el Ayuntamiento pudiera acudir a un banco a pedir un adelanto de los fondos.

Fuera de los despachos, la plantilla de Acasa seguía con la protesta iniciada el martes por la mañana con un encadenamiento a las puertas del Ayuntamiento. «Siempre ocurre esto con los mismos colectivos. O es Limasa la última en cobrar o es Acasa», dijo la presidenta del comité de empresa, Encarni Barrios, con evidente enfado. «Somos la concesionaria que tiene más trabajadores de todo el Ayuntamiento y también somos la que les resulta más barata», apostilló.

Los anuncios del gobierno local del inminente cobro -que finalmente no se produjo ayer- no las disuadieron en su empeño y esta última noche también la han pasado al raso en la calle Consistorio. «No es cómodo, pero intentamos estar lo mejor posible», dijo Barrios, procurando mantener el buen humor entre sus compañeras de faena ante la cruda realidad. No hay que olvidar que las empleadas están acudiendo a su puesto de trabajo puntualmente «para no perjudicar a los usuarios» y, por tanto, se van turnando en la protesta frente al Consistorio. «Lo que queremos es cobrar el dinero ya», insistió la portavoz de la plantilla.

Limasa cobra en parte

Aunque a primeras horas de la mañana de ayer, empresa y Ayuntamiento comunicaron a las trabajadoras de Limasa que iban a percibir ya la nómina de junio y la paga extra el dinero que empezó llegar a las cuentas solo correspondía al salario pendiente. «No sabemos todavía si ha sido un error debido a los diferentes tipos de contrato que hay. Si se trata de una equivocación, se subsanará por la mañana», indicó Inma Barea, expectante aún ante las noticias.

Las trabajadoras de Acasa y Limasa tienen muy claro que este nuevo retraso no va a ser el último y la propia alcaldesa confirmó ayer la evidencia. Lo más grave es que no tendrán siquiera un mes de respiro para que eso vuelva a ocurrir puesto que apenas queda semana y media para que el salario de julio deba llegar a sus cuentas. «Lo he hablado claramente con las concesionarias y con los proveedores: los primeros meses van a ser complicados. Cobrar van a cobrar pero no podemos garantizar que sea el día 1», dijo con rotundidad García-Pelayo.

La primera edil reiteró que «esta situación tiene arreglo pero no de un día para otro. Necesitamos un poco de tiempo. Llevamos solo seis semanas en el gobierno aunque parecen seis años».

Además de Acasa y Limasa -cuyas plantillas están compuestas por unas 700 personas- hay otros trabajadores de concesionarias pasando apuros económicos. Es el caso de Los Amarillos, recientemente aterrizados para gestionar el transporte público.