Los rumanos necesitarán un contrato para venir a trabajar a España

España impondrá restricciones temporales a la entrada de trabajadores rumanos, el colectivo de extranjeros más numeroso del país, hasta que mejore la situación del mercado laboral. El Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció ayer que su titular, Valeriano Gómez, presentará mañana al Consejo de Ministros una propuesta para reinstaurar los permisos como requisito previo para que los ciudadanos originarios del país balcánico puedan acceder a un empleo.

La decisión del Gobierno supone «reactivar» el llamado «período transitorio» de dos años que expiró el 1 de enero de 2009 y que limitaba la capacidad de los trabajadores rumanos para ejercer actividades por cuenta propia o ajena. Las condiciones de adhesión de Rumanía a la UE permiten a los estados miembros mantener esa restricción durante un máximo de siete años. Reinstaurarla supone, en la práctica, que los rumanos que quieran venir a trabajar para terceros «deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato». La medida, subraya el departamento que dirige Gómez, «en ningún caso tendrá efecto sobre los rumanos que ya forman parte del mercado laboral español».

El Ejecutivo recalca que la decisión es «estrictamente técnica» y está «basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral». La comunidad rumana en España cuenta con 861.584 miembros, según el último censo de extranjeros 'legales', actualizado a 31 de marzo, del Ministerio de Trabajo. Este grupo supone el 35,37% del total de inmigrantes de origen comunitario, cuenta con una «alta tasa de actividad» y su presencia va en aumento a pesar de la crisis. En los últimos doce meses estudiados -de marzo de 2010 a marzo de 2011- el número de rumanos creció un 11,58%, y en términos trimestrales su incremento fue del 2,49%, según las cifras oficiales.

La decisión provocó el rechazo de algunos grupos políticos y asociaciones de inmigrantes. Después de que Valeriano Gómez la hiciera pública, el grupo parlamentario de ERC, IU e ICV solicitó su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar si la ciudadanía rumana «es menos europea que el resto». Andalucía Acoge señaló que «apostar por la UE» es incompatible con limitar los derechos de las personas y recordó que «los españoles pueden residir y trabajar en Rumanía sin restricciones».

Trabajo enmarcó la medida en «la política migratoria adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los interlocutores sociales», que persigue «ajustar los flujos» a las necesidades del mercado. En otras palabras, se trata de poner barreras a la penetración de mano de obra foránea cuando millones de familias españolas sufren el desempleo.