Loaiza enfila ahora a los organismos autónomos

La reorganización de la Diputación de Cádiz sigue su curso. Después de que José Loaiza llevase a cabo el cese de más de una treintena de personas entre directores de área, adjuntos y otros cargos intermedios el pasado martes, ahora está por ver si también hace realidad otro de sus planes: la supresión de varios organismos autónomos.

Esta es sin duda la gran prueba de fuego del nuevo gobierno provincial, que se ha comprometido a que esta reestructuración no se convierta en un proceso traumático y mucho menos, que traiga consigo la pérdida de puestos de trabajo.

El presidente se ha dado un plazo de varios meses para examinar los estatutos de cada una de las entidades y estudiar su posible absorción por parte del área correspondiente. Loaiza ha repetido por activa y por pasiva que todo se hará con tres objetivos: optimizar recursos, reducir costes y cumplir con la legislación autonómica. Se trata en definitiva de ahorrar y de no asumir competencias que no corresponden a la institución provincial.

La cuestión está en ver si realmente existe la posibilidad de cargarse de un plumazo fundaciones y empresas públicas que cuentan con personalidad jurídica, estatutos y presupuestos propios. En caso de que sea posible y de que se considere oportuno, la supresión de las sociedades requeriría de una liquidación y de la reubicación del personal.

Aún no se sabe cuáles son las entidades en vías de extinción, pero muchas miradas están puestas en el Patronato Provincial de Turismo después de que haya pasado de ser un área independiente a engrosar la de Desarrollo Económico y haberse quedado sin delegado específico. No obstante, en este caso queda claro que no será fácil disolver las entidades, y es que en el Patronato no solo tiene poder de decisión la Diputación, sino que en su Junta General hay representación de la Junta de Andalucía, mancomunidades, asociaciones profesionales, sindicatos y empresas.

Y como el Patronato de Turismo hay otros nueve casos más. Algunos son organismos que serían fácilmente asumibles, como el Patronato Manuel de Falla, que en los últimos años mantiene una actividad cada vez menos intensa y que no tiene una estructura administrativa especialmente complicada. Sin embargo, hay otros casos en los que la complejidad organizativa es tal, que el Servicio General de Diputación tendría que hacer una inmensa operación de ingeniería financiera y administrativa para asumir sus funciones. Es el caso del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), el organismo más potente en cuanto a capacidad de inversión y a su vez con la plantilla más inestable y susceptible en caso de remodelación. La previsión de gastos e ingresos del IEDT para este año asciende a más de 22 millones de euros. Una gran parte de los fondos que recibe este organismo autónomo proviene de ayudas o subvenciones de la UE. De hecho, una de las primeras misiones que se ha encontrado el PP en la Diputación ha sido la aceptación de 29 millones de euros procedentes de dos programas europeos para la realización de proyectos a través del IEDT.

IEDT

También se especula en los pasillos del Palacio Provincial con que esta será una de las entidades suprimidas, aduciendo las críticas recibidas de forma recurrente acerca de la opacidad de sus procesos de contratación o su incierta situación económica. Ahora bien, antes de tomar una decisión que vaya en esta dirección, Loaiza y su equipo tendrán que tener en cuenta que muchas de las subvenciones con que cuenta están concedidas directamente al IEDT, por lo que su desaparición podría conllevar incluso la obligación de devolverlas. Por otro lado, parte del personal está contratado de forma temporal, adscrito a determinados programas con fecha de caducidad, con lo que se abriría un nuevo frente en caso de anularse alguno de ellos.

Es un escenario hipotético, pero que se están planteando en estos momentos los populares. Si se opta por suprimir organismos autónomos, la Diputación tendría que asumir un personal que no puede mantener las mismas condiciones pasando de trabajar para una sociedad a una administración pública. Por otro lado, cabe destacar que anualmente la Diputación se ahorra varios millones de euros por la devolución del IVA, algo que pueden hacer las entidades autónomas, pero que no podrá hacer la institución, que no desgravaría lo que declara en este concepto. Teniendo esto en cuenta parece que solo hay una vía para evitar pérdidas. No es otra que renunciar a determinadas competencias que se consideran impropias y esto, por lógica, tendría una consecuencia clara: la reducción de personal.

Así las cosas, el proyecto de la nueva Diputación del PP se enfrenta a una encrucijada que promete muchos quebraderos de cabeza.

Oposición

Quienes no se muestran muy convencidos de la idoneidad de estas medidas son los anteriores gobernantes. Desde el PSOE se sostiene que tendrán que convencerles de que la supresión de las entidades es la mejor opción. «Pero será difícil, si no, ya lo habríamos hecho nosotros», comenta el expresidente González Cabaña.