La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por los empresarios, Juan Gálvez Caballero y José Buzón Cortes, contra la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Cádiz que en mayo del 2010 les condenó por dos delitos contra la Hacienda Publica a dos años de prisión para cada uno de ellos.
La Audiencia Provincial de Cádiz considera que el fallo del juzgado de lo penal fue correcto, al dejar probado que Juan Gálvez Caballero figuraba como socio y administrador único de la empresa Construcciones Galcar Sanlúcar, aunque su "verdadero responsable" y "administrador de hecho" era José Buzón Cortés.
La empresa, que se constituyó en 2001 y actuaba en la práctica como una "mera subcontrata" de mano de obra de otra firma, presentó en su autoliquidación fiscal de 2002 una declaración con carácter negativo sobre el IVA, cuando debía de haber ingresado por este concepto 314.196 euros.
En el mismo ejercicio, según la sentencia confirmada, la empresa "no presentó autoliquidación alguna" por el Impuesto sobre Sociedades, cuando le hubiera correspondido pagar por este concepto 347.647 euros.
La Audiencia Provincial de Cádiz recuerda en su sentencia la jurisprudencia que avala que los informes de los inspectores de Hacienda pueden ser considerados como una prueba pericial en un proceso judicial dado que, "por su condición de funcionario público" su actuación "debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales".
Además recuerda que en un proceso judicial los abogados defensores de los acusados pueden proponer pruebas periciales alternativas y someter estos informes a "debate contradictorio" y "a la debida valoración judicial conforme a las reglas de la sana crítica".
La sentencia ahora confirmada impone a los dos acusados, además de la condena de dos años de prisión, una multa de 350.000 y 400.000 euros respectivamente y la pérdida durante tres años de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas publicas o de gozar de beneficios o incentivos fiscales.
