Juzgan a una exedil de Chipiona por dar luz y agua a casas ilegales

Margarita Lorenzo, exconcejal delegada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Chipiona, se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por un supuesto delito de prevaricación y otro de falsedad documental, por autorizar presuntamente el suministro de agua y electricidad a viviendas que se habían construido en suelos no urbanizables o que ni siquiera se habían edificado.

Además de ella, la Fiscalía de Cádiz incluye en la acusación al exencargado de Obras y Servicios Municipales, Antonio Blanco Monge, y pide para cada uno de los procesados cuatro años y medio de cárcel, y la inhabilitación para ocupar un cargo o un empleo público durante 14 años y medio.

El Ministerio Público también solicita que a cada uno de los acusados se les imponga una multa de 3.240 euros por el delito de falsedad documental. Las autorizaciones de suministro que han sido denunciadas se encuadran entre los años 2006 y 2008 -ella abandonó la concejalía tras las elecciones de 2007-, en pleno 'boom' inmobiliario, cuando proliferaron las viviendas ilegales en zonas de costa. En este caso, se trata de 104 chalés que se distribuyen por distintos pagos y diseminados de las afueras de la ciudad, a los que se les permitió enganchar supuestamente la luz y el agua, a pesar de que para disfrutar de este servicio es preciso que las casas cuenten con licencias de ocupación y, por lo tanto, sean legales. Pero no era el caso.

De hecho, de algunas de las casas se habían «incoado expedientes sancionadores» por parte del mismo Ayuntamiento que les facilitaba los suministros. En cambio, la exconcejal llegó a «expresar que no existía inconveniente alguno» para dotarles de servicios.