El avispero del Sáhara llega al Supremo

El Tribunal Supremo se ha visto embarcado en el siempre peliagudo tema de la excolonia española del Sáhara. Y no solo. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberán decidir sobre un asunto especialmente espinoso y con importantes repercusiones para la política exterior española: ¿Fue el Frente Polisario un grupo terrorista? Sea cual sea el fallo del alto tribunal, la sentencia va a levantar ampollas.

La polémica que ha desembocado en el Supremo arrancó el pasado 18 de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo a Raimundo López-Peñalver Díaz Llanos, que falleció el 10 de enero de 1976 cuando el todoterreno en el que viajaba pisó una mina en una pista en el desierto a unos 50 kilómetros de El Aaiún. López-Peñalver trabajaba para una empresa de fosfatos y no había sido desalojado con el grueso de la colonia española que había abandonado el norte de África a finales de 1975.

Durante años, la familia de López Peñalver y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) han luchado para que cerca de 300 familias canarias sean reconocidas como víctimas del terrorismo por los ataques que sufrieron en los últimos meses de la presencia española en el Sáhara.

Acavite siempre ha culpado al Frente Polisario de aquellos atentados y ha calificado de «terrorista» al grupo saharaui. También la familia de Raimundo López-Peñalver, en el expediente que presentó a la Administración para reclamar la Gran Cruz de Víctima del Terrorismo, señaló al Frente Polisario. El Gobierno, en la resolución en la que concede la medalla, habla expresamente de «atentado terrorista cometido en el antiguo Sáhara español», pero no cita en ningún momento que aquel asesinato fuera obra del Frente Polisario.

Esa concesión ha indignado a las asociaciones prosaharauis, que han decidido pasar de las quejas a la acción jurídica. Tres colectivos (el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, la asociación 'Um Draiga' y la Federación Estatal Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sáhara) han presentado por primera vez un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Gobierno.

La demanda, que todavía debe ser formalizada, ha sido en principio admitida por el Supremo que, a través del BOE, ya ha convocado a los familiares de la víctima para que aleguen en defensa de la medalla.

Y, a partir de ahí, con todos los papeles encima de la mesa, el Supremo tendrá que mojarse: decidir si el asesinato fue terrorista y si el Polisario estaba detrás del ataque.

Contra el expediente

Las asociaciones, aseguran sus abogados, no quieren ir contra los fallecidos españoles en el Sáhara ni dificultar que reciban indemnizaciones. Pero, argumentan, esas ayudas no pueden obtenerse manchando el nombre del Polisario.

La demanda irá contra el expediente presentado por la familia y que apunta al Polisario. Los argumentos serán históricos. Según los demandantes, durante la presencia española en el Sáhara el único grupo terrorista activo era el Frente para la Liberación y la Unidad del Sáhara (FLU), creado por las fuerzas armadas marroquíes, según reconoció entonces el embajador español ante la ONU. Otros informes del secretario general del Gobierno en la provincia del Sáhara ante el Congreso de los Diputados en 1978, sostienen los recurrentes, califican de terrorista la acción de Marruecos, sembrando minas en zonas de población civil, mientras que tilda al Polisario de «combatiente legítimo».

«Atribuir actos terroristas al Polisario constituye una declaración de intenciones con la que se pretende convertir en el paradigma del extremismo a un movimiento que solo prentendía resistir al genocidio del agresor marroquí», denuncian los colectivos.

El Supremo tiene la última palabra.