Los condenados por el 'caso Acobiomol' recurren al Tribunal Constitucional

El Tribunal Supremo redujo el pasado mes de junio la condena de los principales inculpados por el 'caso Acobiomol' en seis meses, dejándola en cuatro años de prisión, más una indemnización de 108.000 euros para los perjudicados y multa de 1.800 euros cada cabecilla. A pesar de que esta pena queda muy lejos de lo solicitado por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que llegaba hasta los diez años de prisión, Juan Manuel Acosta y Luis Andrades no han quedado satisfechos con la sentencia y han decidido quemar el último cartucho, acudiendo al Tribunal Constitucional, como así lo han confirmado a este medio fuentes del caso.

Como se recordará, el Supremo ratificó el fallo dictado inicialmente por la Audiencia Provincial con sede en Jerez, si bien restó esos seis meses de la condena por las dilaciones indebidas sufridas en el proceso. Una sentencia que considera responsables a ambos de un delito de estafa continuada y de otro de intrusismo profesional, por hacerse pasar por científicos de renombre y expertos en medicina para comercializar un medicamento que supuestamente curaba patologías graves, pero que en realidad resultó ser inocuo.

Junto a ellos, fueron condenados a un año y nueve meses de prisión y a un año y medio los médicos Emilio de la Rosa y Rafael Quintanilla, respectivamente, sin olvidar su responsabilidad solidaria en el pago de la indemnización como cómplices de la estafa. Según las fuentes consultadas por LA VOZ, el fallo del Supremo daba un plazo de tres meses para el abono de dicho importe y decretaba el ingreso inmediato en prisión de Acosta y Andrades.

Como apuntan, ésta podría ser la razón del recurso de amparo que han interpuesto ante el Tribunal Constitucional, con el que buscarían reducir la pena lo máximo posible (hasta menos de dos años) para eludir el ingreso en prisión. Mientras tanto, si el recurso fuera admitido solicitarían la suspensión de la ejecución de la pena como medida cautelar (el ingreso en la cárcel), con el fin de dilatar el desenlace.

Mientras que Acosta ha continuado con el letrado que le representó en el juicio, Francisco José Sánchez Berzosa, Andrades ha prescindido de los servicios de Manuel Montaño para contratar un bufete de Madrid especializado en asuntos penales.