Tras cinco meses sin Mubarak, en Egipto aún está todo por hacer

Estamos viviendo una guerra política, y toda guerra tiene sus pérdidas». Alzando con pereza la vista, Mohamed Osama pronuncia estas palabras sin levantarse de la tienda de campaña en la que dormita, agotado por otra jornada de protestas en la plaza Tahrir y guardando fuerzas para otra noche larga, calurosa y «esperemos que sin 'baltaguiya'», los matones que de vez en cuando asoman por el corazón de la revolución tensando la delicada cuerda que une al movimiento pacífico con el aparato de seguridad del Estado.

Desde hace una semana, Osama duerme sobre una manta con estampado de leopardo y, como otros cientos de jóvenes, asegura que no se marchará hasta que todos los responsables del antiguo régimen sean juzgados y la junta militar «deje de manejar al Gobierno como títeres».

Esta semana se han cumplido cinco meses desde aquel histórico 11 de febrero en el que, después de tres décadas en el poder, Hosni Mubarak fue obligado a dimitir tras 18 convulsas jornadas de protestas y más de 850 muertos. La revolución, sin embargo, no ha terminado y, en el nuevo Egipto, aún patas arriba, está todo por hacer. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que se otorgó a sí mismo el papel de líder de la transición hasta la formación de un parlamento y gobierno elegidos democráticamente, se enfrenta cada día a más críticas y a la presión de los revolucionarios, que reprueban su injerencia en los asuntos del Ejecutivo y su desesperante lentitud a la hora de llevar a cabo las reformas prometidas.

La Ley de Emergencia, vigente de forma ininterrumpida desde el asesinato del presidente Anuar el Sadat en 1981, sigue activa, y con ella los juicios militares a los que han sido sometidos más de 10.000 civiles desde febrero. Varios miembros del antiguo régimen, incluidos exministros como el que ocupó la cartera de interior durante una década, Habib el Adli, han sido procesados por corrupción y apropiación indebida de bienes. No obstante, los juicios más esperados, en los que se les acusa de ser responsables del asesinato de cientos de manifestantes, han entrado en un bucle de retrasos. El propio expresidente Mubarak, hospitalizado en la ciudad costera de Sharm el Sheij tras supuestamente sufrir una crisis cardiaca el mismo día que iba a ser arrestado, tiene fecha de juicio, el 3 de agosto. Sin embargo, la coincidencia con los primeros días del mes de Ramadán auguran que el proceso será postergado. Solo un policía ha sido condenado y, además, en rebeldía, por la muerte de manifestantes.

Ni los militares ni el Gobierno son, sin embargo, inmunes a las críticas, y la plaza Tahrir mantiene una influencia hipnótica en el país y muy tangible en los asuntos del Estado. Esta misma semana, presionado por los manifestantes, el primer ministro, Esam Sharaf, ha anunciado que reorganizará todo su gabinete y ha preguntado a los internautas vía Facebook qué personalidades les gustaría ver como ministros, un guiño nada sutil a esta 'generación Twitter' que ha encontrado en las redes sociales una efectiva herramienta de organización revolucionaria.

Cinco meses después, los jóvenes han vuelto a Tahrir. En realidad, nunca llegaron a irse del todo. Grandes concentraciones se han convocado al menos una vez al mes desde entonces, y algunos puntos de información se han mantenido durante casi todo este tiempo. La revolución, sin embargo, empieza a hastiar a algunos egipcios, que achacan a las protestas la parálisis económica que vive el país. «La gente de Tahrir parece que no se da cuenta de cómo estamos los demás, sobre todo la gente más pobre, que es la que más sufre», se lamenta Methet, un taxista padre de dos hijos. «¿Querían acabar con Mubarak? Pues muy bien, ya lo han conseguido. Ahora hay que dar una oportunidad al nuevo Gobierno y un poco de tiempo para que se recupere el país», opina el conductor mientras circula a paso de tortuga por el denso tráfico de la capital. Desde que miles de policías desaparecieran de las calles del país durante los días de la revolución -muchos no han regresado-, los embotellamientos han empeorado, algo que parecía inimaginable en una ciudad permanentemente atascada. El semibloqueo de Tahrir, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, agrava la situación.

Methet no está solo en sus reflexiones. La caída en picado de la economía egipcia preocupa por igual a Gobierno, inversores, mercados y ciudadanos. Desde luego, no toda la culpa es de la revolución. La falta de empleo y el estado catatónico en el que se encontraba la economía egipcia incluso antes de enero, sin oportunidades laborales o económicas para miles de jóvenes, fueron uno de los detonantes de las protestas.

Préstamo rechazado

Pero también es cierto que, en tan solo cinco meses, la inestabilidad se ha 'comido' más del 30% de la reserva de divisas del país hasta dejarla en 17.700 millones de euros. La deuda pública se sitúa por encima del 8,6% del PIB, y el país ha dejado de ingresar en este período una cantidad que se estima en 7.800 millones de euros, sobre todo por la caída del turismo y la parálisis de la industria o la construcción, según datos del Instituto de Planificación Nacional. A este ritmo, y si nadie lo remedia, los analistas auguran que el país podría llegar a la bancarrota a finales de año.

El Gobierno egipcio y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, recelosos de que cualquier tipo de ayuda externa pueda acarrear condicionantes, han rechazado un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 2.130 millones de euros, aunque han aceptado un paquete de ayudas emiratí por el mismo valor, además de otras cantidades menores de Arabia Saudí y Catar, una especie de Plan Marshall árabe que pretende rescatar a Egipto del pozo.

Pero recobrar una mínima estabilidad económica será complicado hasta que no se celebren comicios y se elija a un gobierno civil. Aunque aún no hay fecha concreta, las elecciones parlamentarias deberán celebrarse en octubre o noviembre. Previstas inicialmente para septiembre, el CSFA ha anunciado el aplazamiento presionado por gran parte de los revolucionarios, que aboga por dar más tiempo a los partidos pequeños, especialmente a las decenas de formaciones surgidas tras la revolución, para que creen una base sólida y den a conocer sus propuestas. Un grupo, sin embargo, se beneficia del 'statu quo' actual: los Hermanos Musulmanes.

La formación, ilegalizada aunque tolerada durante los años de Mubarak, ha creado un nuevo partido político, La Libertad y la Justicia. Al ser el grupo mejor organizado de Egipto, con una red que se extiende por todo el país, tiene todas las papeletas para conseguir un buen trozo del pastel parlamentario. «Aunque de vez en cuando aparecen por Tahrir, los Hermanos han abandonado la revolución y han creado un cisma dentro de su propio partido. Muchos jóvenes de la Hermandad se sienten traicionados y han abandonado sus filas», asegura Amer Salah, miembro del comité ejecutivo de la Coalición de los Jóvenes de la Revolución, movimiento surgido en el corazón de Tahrir.

No solo la representatividad en el hemiciclo preocupa a las nuevas y a las viejas formaciones políticas. Los partidos no confesionales temen que los islamistas moderados de los Hermanos Musulmanes y los salafistas, que también han creado un partido y podrían aliarse con los primeros, modelen la futura Constitución del país a su imagen y semejanza, y defienden que la redacción de una nueva Carta Magna debe preceder a la convocatoria de comicios. «Para construir una casa hay que empezar por los cimientos», opina Salah, para quien «la Constitución debe ser la base sobre la que luego se vaya construyendo el edificio que será el nuevo Egipto».