«Siento que he vendido a mi hijo pero ya no me quedaban fuerzas»

Aceptar un millón de euros o seguir pleiteando «otros diez años». Este era el dilema que rondaba la cabeza de la familia de Antonio Meño antes de entrar ayer al juzgado de instancia número 15 de Madrid. Allí les esperaba un acto de conciliación con las aseguradoras para zanjar el litigio que mantienen desde 1993 por la negligencia que dejó a Antonio en coma vigil durante una rinoplastia, de eso hace ahora 22 años.

La decisión, en apariencia, parecía fácil, pero una madre coraje como Juan Ortega había prioridades que estaban por encima del dinero, y ésa se llama «justicia». Si no, ¿cómo se justifica que durante 522 días estuviera acampada con su hijo Antonio en el centro de Madrid en señal de protesta por la falta de, precisamente, justicia?

No era una posición sencilla. O el millón de euros o tirar por la borda una larga batalla judicial que ha tenido muchos sinsabores y que, de no ser por 'golpes de fortuna', como la sorpresiva aparición de un médico que estuvo en la fatídica operación, y que hizo posible la reapertura del caso, hubiera acabado con los Meño en la calle tras ser condenador por el Tribunal Supremo a pagar las costas del pleito, 400.000 euros, en 2009.

Pero tras tantos años de sinsabores familiares, y después de las negociaciones que han mantenido con las aseguradoras desde diciembre pasado, después de que el alto tribunal anulara la sentencia condenatoria, al final ha habido acuerdo. Un pacto, eso sí, «miserable» para Juana. En definitiva, «una humillación».

«Hoy voy a tener un día muy malo, voy a ver si soy capaz de mentalizarme con lo que hemos hecho, porque el pensamiento de mi marido y el mío es que hemos vendido nuestra dignidad, que hemos vendido a nuestro hijo, y que se ha quedado libre la persona que tanto daño me ha hecho a mí y a mucha gente», en alusión al anestesista Francisco González, al que consideran culpable por abandonar a su hijo durante la operación que les produjo daños irreparables.

A Juana no le quedaban fuerzas «para seguir adelante». Era coger el dinero o volver a pleitear, al menos, «otros diez años». Y al final ella y su marido han hecho caso a los abogados y a su familia y han decidido firmar el acuerdo. En total, percibirán de las aseguradoras de la clínica Nuestra Señora de América de Madrid 1.075.000 euros más 10.000 en concepto de costas. Aunque para ello hayan aceptado un trato por el que no reconocen la responsabilidad del anestesista ni del centro médico y aceptan dar por concluido el litigio judicial. Esto es, no habrá más recursos ni demandas. Se acabó la batalla para siempre.

A la salida del juzgado, mirando de reojo a una apenada Juana, el abogado de la familia transmitió que la satisfacción «es relativa» porque «nadie va a arreglar su problema», aunque como reza el dicho, «lo mejor es enemigo de lo bueno» y en este caso se ha optado «por lo mejor posible», dijo Gustavo Izquierdo.