El juez ordena que se periten las obras que no se ejecutaron en colegios

El juez Sergio Escalona, titular del nº 2 de Instrucción de Cádiz, ha comenzado a dictar sus primeras órdenes en el marco de la investigación por el supuesto desvío de 3,6 millones de euros del presupuesto para obras en colegios. Su primer auto fue citar como imputados a los principales sospechosos en una trama denunciada por la Fiscalía gaditana: el exgerente provincial del ente público Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo, los administradores de la sociedad adjudicataria de los contratos bajos sospecha (Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L.) y los tres hijos del matrimonio que aparece al frente de esta empresa con razón social en Rota y que habrían accedido a esos fondos cuyo destino están sin justificar para el fisco y el Ministerio Público.

Como viene informando LA VOZ, dichas declaraciones se produjeron en los últimos días de junio y principios de este mes y tras interrogarlos, el instructor del caso ha ordenado sus primeras diligencias para confirmar si existen pruebas de delitos graves como la malversación o la prevaricación tal y como apuntan de manera indiciaria la Agencia Tributaria y la Fiscalía. En el último auto que ha comunicado a las partes personadas en el asunto requiere a dos peritos designados por el Colegio de Arquitectos de Cádiz que realicen un estudio detallado de todas las obras que se le adjudicaron a Contratas y Mantenimiento Pacheco S. L. entre los años 2006 y 2008 para cotejar esos resultados con los arrojados en un informe del fisco que se adjunta a la denuncia del fiscal especializado en delitos económicos. Una arquitecta de la agencia visitó 14 colegios el pasado mes de enero y sus conclusiones son demoledoras. De los trabajos presupuestados, adjudicados y pagados se habría ejecutado tan sólo un 15%, existiendo un agujero por aclarar de 3,6 millones.

El desfase es tan grande que el juez quiere que se periten en profundidad esos trabajos; una petición que ya le realizó el fiscal en su escrito de denuncia. Hay que recordar que tanto la Delegación Provincial de Educación, en boca de su máxima responsable Blanca Alcántara, como los propios imputados en su primera comparecencia ante el juez han defendido que los trabajos se acometieron y acabaron, según presupuesto. Pero las cuentas no le salen al fisco.

Además de ordenar una inspección detallada y a pie de campo de cada contrato suscrito entre Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. y el ISE de Cádiz en el periodo investigado por la Agencia Tributaria, el juez ha encomendado las pesquisas del caso a la Guardia Civil que ya ha designado a un equipo de la Policía Judicial que trabajará exclusivamente en este asunto. Las mismas fuentes señalaron que el trabajo de investigación es ingente ya que deben indagar en una pila de facturas presuntamente irregulares que le sirvieron supuestamente a la empresa adjudicataria para maquillar los cuantiosos beneficios que habría obtenido de su relación contractual con la Administración.

La decisión del juez de poner en manos de la Guardia Civil la investigación obedecería a la propia especialización que en determinadas áreas ha hecho el Instituto Armado, señalaron fuentes cercanas al caso. Hay que recordar que el Cuerpo Benemérito tiene equipos especializados en determinados delitos ligados estrechamente al patrimonio como los agentes destinados a la lucha contra el blanqueo de capitales; los cuales son especialistas en rastrear los capitales amasados y que son ocultados bajo fórmulas variopintas.

Ésa es precisamente una de las patas importantes del caso, confirmar si la millonaria cantidad que no se invirtió en la reforma de colegios acabó en los bolsillos de los administradores de la empresa adjudicataria; una sociedad que recibió decenas de contratos siempre a dedo. El fisco detectó que esos 3,6 millones de euros podrían haber sido retirados en distintas operaciones bancarias por miembros de la familia. La explicación que dan ellos es que esas retiradas en efectivo eran para pagar a los trabajadores que contratan. Sin embargo, en esas operaciones aparecen los hijos del matrimonio, que son ajenos a la empresa.