Castilla y León: «Es un capricho político de Zapatero»

La Audiencia Nacional ha confirmado el cierre de la central nuclear de Garoña hasta el 6 de julio de 2013. La sentencia ha dado la razón al Ministerio de Industria y ha provocado el enfado de la Junta de Castilla y León y la empresa explotadora, que pedían una prórroga hasta 2019, y de las organizaciones ecologistas que solicitaban su cese inmediato.

Javier Gómez Darmendrail, portavoz del PP en el Congreso en energía nuclear: "No hay ningún problema técnico para el cierre de la central de Garoña, como ha garantizado la sentencia de la Audiencia Nacional. Finalmente, una decisión política se puede revocar por otra".

Hugo Morán, Secretario Federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE: "La sentencia deja claro que las empresas titulares no pueden esgrimir derecho alguno a ser indemnizadas por el hecho de no obtener la concesión de una prórroga de funcionamiento".

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León: "Recurriremos la sentencia por lo que consideramos un capricho político de José Luis Rodríguez Zapatero, y que supondría la pérdida de 1.000 puestos de trabajo".

Ana Muñoz de la Peña, procuradora socialista: "El fallo muestra una vez más que es fácil despilfarrar los recursos públicos en causas perdidas, el cierre de Garoña ha sido usado políticamente para hacer oposición al Gobierno de España y no porque le importe".

Agustín Alonso, catedrático emérito de ingeniería nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid y ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): "Es una aberración destruir un bien nacional de gran valor y, en su lugar, destruir puestos de trabajo y hacer trabajos innecesarios porque el desmantelamiento sale más barato cuanto más años funcione la central. Como Garoña hay varias centrales en Estados Unidos que van a funcionar 60 o más años".

Rafael González Mediavilla, alcalde del Valle de Tobalina (Burgos): "Estoy sumamente preocupado por el futuro mi comarca y tengo una preocupación extrema por el futuro de las 700 personas que trabajan en la Central y los impuestos que dejará de ingresar el municipio lo que, les deja un futuro muy complicado.

Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos): "La central nuclear seguirá operando con las mismas garantías de seguridad que ha mantenido hasta la fecha y que avalan todos los organismos competentes, cumpliendo con todas las normas legales y técnicas que garantizan la seguridad de la instalación".

María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear: "Garoña opera con todos los requisitos técnicos y ha superado con éxito las distintas revisiones nacionales e internacionales, por lo descarto razones técnicas o económicas que motiven su cierre en 2013. En tiempos de crisis estas instalaciones garantizan el suministro eléctrico, puestos de trabajo y beneficios socio-económicos para el entorno".

Francisco Castejón, coordinador del área antinuclear de Ecologistas en Acción: "Considero positiva la sentencia , ya que faculta al Gobierno a tomar decisiones sobre la vida de las centrales nucleares cuando ha expirado su plazo de explotación, independientemente de la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)".

Llorenç Serrano, secretario confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO): "La sentencia ratifica la supremacía de lo público en la política. Se trata de una buena noticia que debería satisfacer a todos porque las empresas privadas no deberían presuponer que algunas decisiones muy sensibles se escapan a los organismos públicos".