El Congreso eleva a 961 euros el sueldo inembargable

El Congreso ha aprobado, sin oposición y con las abstenciones de PP, CIU, ERC-IU-ICV y BNG, elevar a 961 euros el sueldo que no se puede embargar por el impago de una hipoteca y ha creado una línea ICO para deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos.

El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas que son "urgentes" para paliar los efectos de las actuales turbulencias financieras en las familias, pymes y emprendedores. La mayoría de los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de las dos principales iniciativas, la de ayudas a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas y la de la línea ICO dotada con 3.400 millones de euros y que ya está puesta en marcha. Elena Salgado, ha avanzado que los ayuntamientos podrán solicitar los nuevos préstamos "en los próximos días". Ha querido recordar la elevada morosidad de las administraciones locales y dijo que ayudará a los autónomos que han visto "comprometido su trabajo" por la crisis.

La nueva línea financiará primero las deudas de las pymes con menos de 250 empleados y pagará directamente a los proveedores las facturas pendientes a 31 de abril de 2011. El plazo del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25% de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del préstamo.

El diputado del PP Álvaro Nadal ha valorado que el ICO provea de liquidez a las haciendas locales y "reconozca" sus deudas, aunque criticó que no vaya acompañada de un plan financiero. Desde CiU Pere Macías dice que la nueva línea se queda "corta" puesto que sólo será capaz de financiar entre un 10 % y un 12 % de las facturas que deben los ayuntamientos. Por otro lado el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha asegurado que "permitirá salir de la angustia financiera" a las pymes y autónomos aunque lamentó que las medidas para los deudores hipotecarios "no llegue a ser una dación en pago".

Acabar con situaciones «abusivas»

Salgado ha afirmado que se tratará de que las ejecuciones hipotecarias se hagan "sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento" al elevar del 50 al 60 % el precio mínimo en subasta. Además, el decreto reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta y obliga a dejar por escrito el compromiso de establecer pujas por internet. Asimismo contempla la exención a las familias de la tributación en el IRPF de las plusvalías generadas por la inversión de 25.000 euros al año en empresas.

Se ha incluido la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales, una regla de gasto que según Nadal "no sirve para nada y no genera confianza a los mercados".

Para el PP es una regla "manipulable" porque un tercio de su cálculo depende de la previsión del Gobierno, y además excluye a los municipios pequeños y dos de las principales partidas del gasto; la del desempleo y la de los intereses de la deuda.