Assange invoca ante el juez casos de ETA

Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha contratado a los abogados británicos que defienden a supuestos miembros de ETA detenidos en Inglaterra y cuya extradición pide la Audiencia Nacional para recurrir la demanda de las autoridades suecas, que investigan si cometió cuatro delitos sexuales, incluido uno de violación menor.

Gereth Peirce, Alastair Lyons y Mark Summers han participado en la defensa contra euroórdenes dictadas por la Justicia española, y el abogado principal del equipo de Assange, Ben Emmerson, que no ha actuado antes en este tipo de casos, basó ayer sus argumentos contra la extradición en la jurisprudencia creada por los errores de la Audiencia Nacional en sus demandas.

El patrón de Wikileaks cumplió el domingo cuarenta años, tiene problemas con el contrato para publicar sus memorias, intenta proteger a Bradley Manning -el soldado que supuestamente descargó cientos de miles de documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán o cables de los diplomáticos de Estados Unidos y cuyo juicio en este país es inminente- y, tras más de doscientos días en libertad provisional vigilada, ve cómo su publicación ha perdido el vigor que tuvo antes de su detención.

Letrados especializados

Pero, en medio de cambios e incertidumbres, ha tomado una decisión acertada sobre su defensa en Londres. Despidió a los abogados que perdieron el juicio en primera instancia -después de desatar un torbellino mediático alegando que la Fiscalía sueca era parte de una conspiración para callar a Wikileaks- y ha contratado a letrados que están especializados en procedimientos de extradición.

Emmerson presentó ayer el recurso del nuevo equipo ante dos jueces del Tribunal Superior y, aunque los casos que tratan de la euro-orden, ideada para acelerar estos trámites entre países con sistemas judiciales homologables, proporcionan muy poco margen a las defensas, invitó a los jueces a rechazar la que persigue a Assange a partir de los precedentes creados por los casos de Íñigo Makazaga Castillo y Garikoitz Ibarluzea Murua.

Assange es requerido por Suecia mediante una euroorden en la que constan cuatro cargos: uno de coerción sexual, dos de molestias y un cuarto de «violación menor». Pero el abogado Emmerson utilizó el documento que la Fiscalía de Estocolmo elaboró con las declaraciones de las dos mujeres denunciantes para decir que la euroorden no describe exactamente lo que ocurrió.

Ese documento detalla las relaciones sexuales que las dos mujeres mantuvieron con Assange en agosto de 2010. Aunque ellas aceptaron las relaciones, el fundador de Wikileaks no usó en un caso condón, como se le había pedido, y en otro inició el coito cuando su pareja estaba dormida. Emmerson reconstruyó lo sucedido, tal como fue descrito por las denunciantes, para mostrar que hubo consentimiento hasta el final.

En la ley sueca, puede haber delitos sexuales incluso si se ha dado consentimiento por la parte que después se considera agraviada. Pero la ley británica sobre delitos sexuales los descarta cuando sí lo hay. Los tres primeros cargos no pueden motivar la extradición, que solo puede decidirse cuando es delito en el país que la pide y también en el que recibe la petición. El cargo de violación, por figurar en la lista de delitos específicos de la euroorden, es distinto: no requiere que se cumpla la doble tipicidad. Simplemente, se extradita a la persona reclamada.

¿Pueden o no pueden?

Emmerson ha de convencer a los jueces británicos de que tienen autoridad para analizar la documentación judicial sueca, para ver si esos delitos lo son también en Inglaterra. La referencia para justificar esa incursión es el caso de Íñigo Makazaga Castillo, el primer detenido de ETA en Inglaterra, en 2001. Fue finalmente enviado a España, pero después de una modificación de los delitos de los que se le acusaba.

La Audiencia Nacional lo requería por intento de asesinato de un policía, en Vitoria, mediante la colocación de bombas incendiarias bajo su vehículo. Pero los abogados -entre ellos Peirce y Lyons- mostraron que el coche estaba aparcado, que se colocaron los artefactos durante la noche y que no tenían un mecanismo temporizador. La Audiencia renunció al delito de intento de asesinato.

Aquel caso se guió por la vieja ley de extradición, pero la sentencia de libertad de Garikoitz Ibarluzea Murua, el pasado año, respondió a una euroorden. Se le acusaba en la demanda cursada desde Madrid de intento de homicidio por el lanzamiento de artefactos incendiarios contra un autobús. Pero los otros miembros del comando que fueron acusados junto a Ibarluzea acabaron condenados por un delito menor de estragos a partir de los mismos hechos.

Esos dos precedentes sirven a Assange para decir a los jueces de Londres que pueden tener en cuenta la documentación judicial adicional para probar si la euroorden es exacta y válida. La fiscal responderá hoy, pero el patrón de Wikileaks tiene motivo para estar ahora más esperanzado que con la denuncia de una gran conspiración política contra su persona, argumentada por los abogados que contrató en primera instancia.