PUERTO REAL

La Fiscalía solicita un año de cárcel para los veterinarios, la directora y el dueño de la perrera de Puerto Real

Supuestamente los animales eran sacrificados con un paralizante muscular que los mataba de forma lenta y agónica por asfixia

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la Fiscalía Provincial de Cádiz solicita un año de prisión para los acusados, así como la inhabilitación especial por tiempo de tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

En el escrito de la Fiscalía se lee textualmente: «Con la aplicación de Mioflex el animal muere literalmente ahogado y consciente de ello. Todas estas circunstancias eran plenamente conocidas por los acusados dada su condición de veterinarios titulados. La práctica de tales sacrificios de manera cruel y dolorosa fue ordenada por los acusados M.A.N. y P.G.M. en el uso de sus facultades de dirección y gestión con el objeto de abaratar costes puesto que el precio de los medicamentos que son los que se utilizan en una eutanasia ética y reglada es considerablemente más elevado. También éstos, dados sus respectivas posiciones en la Asociación, conocían el proceso agónico»

«Se han realizado prácticas que sólo pueden ser consideradas como causantes de graves sufrimientos a los animales allí recogidos, tales prácticas eran realizadas por los veterinarios del Centro, los acusados E.C.R. y R.A.P.B. y eran ordenadas por M.A.N. y P.G.M. con objeto de abaratar nuevamente los costes de la actividad y obtener un mayor margen de beneficios, denotando con ello una nula sensibilidad hacia el reino animal», según se recoge en el escrito.

El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007 iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios.

La organización protectora El Refugio está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España. Los supuestos penales que se imputan son: supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.

En la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz.