La Fiscalía, satisfecha con el fallo, defiende la legalidad de los acuerdos

Cuando comenzaron a fraguarse los acuerdos entre algunos de los imputados y la Fiscalía, y éstos se filtraron a la prensa, las especulaciones se dispararon. El campo de las teorías se abonó con mil y una cavilaciones sobre el resultado que tendrían estos pactos en el desarrollo del juicio. Finalmente, de los 26 acusados que fueron citados el primer día del juicio, solo ocho quedaron fuera de esas negociaciones por voluntad propia. A algunos les salió bien la estrategia o estaban muy convencidos de que apenas había pruebas en su contra porque han sido absueltos. Pero otros como el inspector médico o María José Campanario no han salido indemnes. El fiscal que ha llevado la acusación pública, Juan Bosco Anet, defiende la legalidad de esos acuerdos y rechaza de plano algunas de las interpretaciones que se han realizado sobre ellos.

«Las dos condiciones que pusimos encima de la mesa para empezar a hablar fue que se restituyera el daño ocasionado a la administración pública con la devolución de las cantidades que se habían percibido de manera ilícita; y que los dos cabecillas -Pérez Lara y Carlos Carretero- ingresaran en prisión». El representante del Ministerio Público niega, por tanto, que persiguieran obtener declaraciones incriminatorias que sirvieran para enfrentar a aquellos acusados que reconocían los hechos contra los que seguían defendiendo su inocencia. «Incluso si Carlos Carretero se hubiera acogido a su derecho a no declarar, había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Nunca se exigió a los procesados que culparan a otros acusados porque se podía vulnerar su presunción de inocencia».

En esta línea se expresa el tribunal en su sentencia, que carga especialmente sus tintas sobre el abogado del inspector médico, quien apeló a una posible nulidad al efectuarse esos pactos que generaban, a su juicio, «indefensión en su cliente». La resolución judicial es tajante en ese aspecto y recuerda que es una fórmula de agilidad procesal que se adopta en multitud de asuntos.

Sin haber entrado en el análisis profundo de la sentencia, el fiscal se mostraba ayer «satisfecho» con el resultado ya que «el 95% del fallo judicial recoge los argumentos del Ministerio Público», pero no descarta recurrir «sobre todo en aspectos relacionado con alguna absolución».