La Audiencia condena a Campanario y a su madre por estafa pero eluden la cárcel

Punto y aparte. La Audiencia Provincial de Cádiz dio a conocer ayer la sentencia de la mediática 'operación Karlos' que podría significar el final de un largo proceso judicial que cumplió cinco años días antes de que arrancaran las sesiones del juicio el pasado mes de abril. Pero los anunciados recursos que van a plantear al menos tres de los procesados confirman que esta historia aún no ha acabado. Al menos un capítulo esencial sí que ya ha concluido con la condena a 18 de los 26 acusados, entre ellos las caras más conocidas de este asunto: el ideólogo de la trama para obtener pensiones de invalidez de manera fraudulenta, Carlos Carretero; su mano derecha, el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara; y las dos mujeres que más atención han acaparado, María José Campanario y su madre, Remedios Torres. Si bien la resolución judicial pone a dos de ellos a un paso de la cárcel, mientras que a ellas, el fallo judicial les abre la puerta para que se les suspenda la ejecución de la pena. Tanto Campanario como su progenitora han sido sentenciadas a un año y once meses de prisión; por debajo del límite legal -dos años- que permite a los condenados sin antecedentes previos a no ingresar en prisión bajo el compromiso de no cometer delito alguno durante el tiempo que dure la condena.

El reproche jurídico más duro lo ha recibido el inspector médico, a quien el tribunal le considera la pieza imprescindible para que se aprobaran prestaciones económicas a favor de unos pacientes que no reunían los requisitos. Sin él, argumenta el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia, cualquier plan ideado por Carlos Carretero no se hubiera llevado a la práctica. Nueve años y medio de prisión le impone el tribunal a este facultativo que llegó a falsear informes médicos o encargar a terceros la elaboración de los mismos para que sus pacientes, previo pago, alcanzaran una ayuda económica sin tener derecho a ello. Estos 'chanchullos' tienen su encuadre en el Código Penal como delitos de cohecho, falsedad documental, estafa y actividades prohibidas para funcionarios. El mismo periodo de tiempo se fija para su inhabilitación profesional, que en su caso al tratarse de un inspector médico adscrito a la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Junta, supone su expulsión del cargo.

Es el procesado que ha salido peor parado; por lo que la pregunta es obligada, ¿se equivocó su letrado en no pactar una sentencia de conformidad con el fiscal como hizo el cerebro de la trama? A Carlos Carretero, en cambio, la Audiencia le impone la pena solicitada por el Ministerio Público, cuatro años de cárcel. Una petición muy por debajo de las pretensiones iniciales del fiscal, que inició el juicio solicitando diez años y tras atar la confesión del ideólogo de la estafa y la devolución del dinero que había obtenido de manera ilícita, la rebajó. Carretero compartió presidio con su antiguo amigo tras ser ambos arrestados por la Guardia Civil. Apenas cuatro meses de prisión preventiva que se descuentan de la pena final. En el caso del exjefe de Policía si entra en prisión podrá acceder a beneficios penitenciarios en poco tiempo. A Casto Pérez Lara le quedará un camino más largo privado de libertad.

Los otros beneficiados

El entorno más próximo de Carretero también ha salvado la papeleta. Al padre del cabecilla le retiraron los cargos nada más comenzar el juicio; a la hermana la exculparon antes de que el asunto llegara al juicio; su pareja sentimental, Elisa Calvente, ha sido sentenciada a un año por haber colaborado en la suplantación de identidad de la madre de Campanario en una prueba médica; y su suegra, que ocupó el puesto de Remedios Torres en dicha revisión, también ha sido absuelta. Esta última evidenció en el juicio que desconocía que estaba suplantando a la suegra de Jesulín de Ubrique; algo que corroboraron su hija y el propio Carretero. Las intervenciones telefónicas tampoco indicaron lo contrario y en su declaración ante el tribunal demostró ser una mujer de escasísima formación, a la que le costaba incluso entender algunas de las preguntas que le formulaban.

María José Campanario y su madre tampoco pactaron con el fiscal, que finalmente solicitó dos años y nueve meses al retirar la acusación de haber utilizado a otra mujer, que padece una dolencia real, para que se sometiera a una prueba médica porque se hizo a sus espaldas. El tribunal hace suyos los argumentos del Ministerio Público, pero impone una pena que las permite eludir la prisión.

Del resto de procesados que han sido condenados, ninguno ingresará en prisión porque las penas impuestas oscilan entre los dos años y los cuatro meses. En ese grupo se encuentran los beneficiarios de las pensiones, el intermediario entre Carretero y Campanario (el empresario de la Sierra José Luis López 'El Turronero') y los dos médicos que ayudaron a la elaboración de informes médicos y que también reconocieron los hechos tras pactar con el fiscal.