El pueblo contra X

España es el único Estado europeo donde cualquier ciudadano, aunque no sea directamente perjudicado, puede personarse como acusación en un proceso penal. Incluso si el fiscal renuncia a mantener los cargos, el particular puede llegar a sentar en el banquillo al acusado. A lo largo de los últimos años existen abundantes ejemplos de tal práctica. Pero el derecho a la acusación popular ya lo incorporó al ordenamiento legal el liberal Alonso Martínez como ministro de Gracia y Justicia bajo la presidencia de Práxedes Mateo Sagasta. Corría el año 1881. De entonces acá ese resorte originalmente concebido para contrarrestar una Justicia enormemente subordinada al poder político ha llegado con pleno vigor y bien engrasada hasta nuestros días. Claro que, en el camino, tan beneméritos fines se ha ido contaminando con objetivos espúreos como obtener información privilegiada de un sumario, saltar del oscuro bufete a la fama y facturar en consonancia con los titulares de prensa o actuar como una fiscalía paralela y frenar intencionadamente el ritmo de un proceso concreto.

El resultado es que la perversión de los altos ideales garantistas han dado paso a una patología que los pervierte y hace necesaria una urgente reforma para poner obstáculos a los fulleros de la ley. El problema surgiría si «al tirar el agua también tiramos al niño», que diría un castizo. ¿Cómo evitar que bajo la excusa de preservar la ecuanimidad de la Justicia y contrarrestar el uso partidista del Ministerio Público se disfracen de acusaciones populares personajes de la farándula judicial o tenebrosos intereses del otro lado del péndulo de la moralidad? Si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento que está rematando ahora el Ministerio de Justicia entrega todo el poder al fiscal sin aplicar mecanismos correctores que permitan la entrada en el proceso penal de otras voces de la sociedad civil, la memoria del viejo liberal burgalés, Alonso Martínez, no quedará muy bien parada. Casos judiciales de especial trascendencia como el recurso de Juan María Atutxa contra la sentencia condenatoria del Supremo por no disolver Socialista Abertzaleak, la denuncia de colaboración con ETA en la cúpula policial que encierra el 'caso Faisán' y algunos de los procesos pendientes en que está imputado el juez Baltasar Garzón, se juegan en el terreno de la acusación popular. El calado y la repercusión política de estos asuntos sumarios aconseja extremar la prudencia en la modificación o rectificación del secular instrumento judicial. La pregunta a la que debe responder la clase política es si en la actual coyuntura de agotamiento legislativo y candentes sumarios en el Supremo sería prudente y acertado entregar al Ministerio Público, al servicio del Gobierno, el monopolio de la acusación , la instrucción y. la 'llave del calabozo'.