Una mujer pasa ante un gran mural del grupo Voluntario de Ulster en el este de Belfast. :: AP Coches calcinados en Ballyclare tras una noche de disturbios. :: AP
MUNDO

EE UU guardará la lista del desarme de Ulster

La comisión de verificación cree que es arriesgado hacer público el inventario de arsenales de los grupos terroristas

LONDRES. Actualizado: Guardar
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La Comisión Independiente e Internacional para el Desarme (IICD) ha decidido que los inventarios de las armas destruidas por los grupos terroristas norirlandeses durante el proceso de paz se guardarán en el Departamento de Estado en Washington y que solo podrán salir de allí si hay una petición conjunta de los Gobiernos de Londres y Dublín.

Es la última resolución de un organismo formado en 1997 y que, tras supervisar la inutilización de todas las armas controladas por los dirigentes del IRA, IRA Oficial, INLA, UDA, UVF y LVF y otras pequeñas facciones, presentó la pasada semana su informe final. También lo hizo la Comisión Independiente para la Supervisión (IMC) de los altos el fuego. La comisión, formada por dos militares y un diplomático, de Canadá, Finlandia y Estados Unidos, alega que publicar ahora los inventarios de arsenales podría provocar ataques de las pequeñas facciones aún activas a quienes colaboraron en el desarme y que el secreto es conveniente para «no desanimar otros en el futuro».

El informe definitivo repasa la historia de la comisión, que debía verificar que los grupos destruían sus arsenales hasta el año 2000 y que, tras ver que inicialmente el IRA hizo del desarme un instrumento de negociación política y que los lealistas no querían secundarlo porque no se fiaban de los republicanos, terminó su labor en 2010. Sus integrantes dicen que no tienen seguridad de que se destruyesen todo el armamento, porque nadie tenía un inventario detallado o porque no había seguridad en las bandas sobre dónde estaban algunos depósitos. Pero están convencidos de que los sucesivos desarmes -el último del IRA en 2005, el de los lealistas en 2009- inutilizó «todas las armas controladas por los líderes».

El documento subraya algunos aspectos de la legislación que dieron viabilidad a su tarea. Destaca en particular que la ley ofreciera una amnistía a los miembros de grupos terroristas que establecieron contacto con la IICD y el compromiso de los gobiernos, también estipulado en la ley, de que la información sobre depósitos o armas inutilizados no sería utilizada para obtener indicios que pudieran llevar a procesos judiciales.

Esta legislación creó la paradoja de que, mientras que los miembros de las facciones terroristas que estaban cumpliendo penas carcelarias en el momento de la firma del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 fueron puestos en 'libertad bajo licencia', que significa que pueden ser encarcelados de nuevo para cumplir sus viejas condenas si reinciden, los máximos dirigentes aún activos que participaron en el desarme recibieron una más generosa amnistía, porque si no el desarme hubiera sido inviable.

Supervisión independiente

La Comisión Supervisora Independiente de los altos el fuego fue formada en 2004, compuesta por un político de Ulster retirado, veterano policía británico, un exvicedirector de la CIA y un exfuncionario irlandés. Se creó porque el entonces líder unionista, David Trimble, exigía veracidad sobre las actividades, particularmente del IRA, cuando el acuerdo le había llevado a compartir Ejecutivo con su rama política, Sinn Féin.

A través de sus veintiséis informes, elaborados en contacto con fuerzas de seguridad de Reino Unido e Irlanda y testigos independientes, la IMC tenía el extraño rol de asignar al IEA delitos -como el robo del banco Northern Bank-, cuando la Policía no tenía pruebas suficientes para llevar a la Fiscalía. Atribuyó a los grupos paramilitares veintiún asesinatos y más de ochocientos heridos, y se disuelve cuando la región ve la continuidad del terrorismo por grupos llamados disidentes.

Las dos comisiones fueron creadas por tratado internacional de Londres y Dublín, dando a sus componentes inmunidad judicial, equivalente a la que gozan diplomáticos y organizaciones internacionales, para no ser procesados por entrar en contacto con grupos ilegales. Su desaparición es otro signo del fin de la excepcionalidad constitucional que ha vivido la región durante el proceso de paz.