Alaya señala que Griñán conoció las pegas de la Intervención a los ERE

La pugna entre la Junta y la jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, suma otro capítulo. La magistrada cede y eleva al Tribunal Supremo para que este decida sobre si es competente o no para analizar las 480 actas de los consejos de Gobierno de la última década. Pero en el auto donde notifica a la administración autonómica esta decisión, señala por primera vez directamente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, como conocedor de irregularidades en el procedimiento que sirvió para el pago de las prejubilaciones, 72 de ellas falsas.

La magistrada expone que la Intervención General de Hacienda puso de manifiesto desde 2002 de «forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta de Andalucía, a IDEA, y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa», que con la utilización de la figura llamada de transferencia de financiación «se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado que es el de la subvención excepcional». Para la magistrada la fórmula usada es opaca y carece de fiscalización, lo que pudo haber abonado la trama de los ERE.

Alaya subraya su interés en examinar las actas para averiguar si hubo «alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público» que por omisión o acción hubiera consentido una situación «patentemente ilegítima».

Para la magistrada, si no se examinan las actas, se impediría la investigación de si tales hechos delictivos, «de extraordinaria gravedad por su contenido y permanencia en el tiempo, existieron».

Alaya desvela que su interés en los consejos de Gobierno se centra en los informes orales de los consejeros previos a la toma de acuerdos y en estos. La magistrada argumenta que los informes orales no son reservados, como sostiene la Junta, que los equipara a las deliberaciones y opiniones. Para Alaya, «deliberar no es informar», como tampoco «la opinión es información».

El auto dado a conocer ayer a las partes está fechado el pasado 6 de julio, un día después que la Audiencia de Sevilla fallara contra la decisión de la jueza de ordenar el pasado abril a la Junta que depositara las actas en dependencias judiciales para que no fueran manipuladas. La Audiencia considera que esta medida no era «necesaria ni proporcional» al fin perseguido. En una providencia dictada también ayer, la magistrada le dice a la Junta que no necesita hora y fecha para retirar las actas, pues están disponibles desde el momento en que se produjo el fallo de la Audiencia.