Los dueños de ilegales no admitirán una subida del coste de regularización
Actualizado: GuardarLa decisión del Tribunal Supremo de tumbar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha sido un duro golpe del que la ciudad aún se recupera. A pesar de que era algo que esperaba lo cierto es que Chiclana se encuentra entre las cuerdas y sin saber bien cómo le afectará en el futuro esta decisión. Lo que sí tiene claro la plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización es que la sentencia no puede afectar al proceso a menos en cuanto a su coste. «Advertimos que en el proceso de regularización, no vamos a permitir ninguna justificación de un céntimo de subida en los costes, ni un precio 'a resultas', por más
que lo anuncien los partidos políticos incluido el PVRE, por negligencia en el retraso de la Regularización provocado por la administración».
Una decisión que se sustenta en el protocolo firmado con el Ayuntamiento que fue ratificado en pleno y que conocen todos los técnicos municipales. De esta manera, la plataforma considera que ahora se debe llegar a un convenio que garantice todos los puntos que se recogen en el anterior documento: Censo real de viviendas, disminución de las parcelas, inclusión de nuevas AGB o zonas inundables y un largo etcétera que consiguen la reducción de costes en el 40 %.
«El protocolo supone la aceptación de importantes aspiraciones de los vecinos y negocios del extrarradio y es bueno para toda Chiclana. No tiene excusa el Ayuntamiento y su nuevo equipo de gobierno, para cumplir el citado protocolo y comenzar una regularización en consenso con los afectados, con nuevas fórmulas, como puede ser las contribuciones especiales en zonas concretas. Sencillamente, todos los Organismos, Asociaciones, Formaciones Políticas y propietarios, estamos en el 'mismo barco'».
Si por el contrario estas peticiones no son tenidas en cuanta desde la propia plataforma ya se anuncian nuevas acciones de presión a través de una doble vía. En primer lugar en busca de asesoramiento jurídico y técnico para mantener un diálogo serio y riguroso con los poderes públicos. En segundo a través de movilizaciones para reclamar lo que se ha firmado. «Los afectados lo que queremos es regularizar nuestras viviendas pagando un precio justo por unos servicios mínimos indispensables. Somos los grandes perjudicados».